Hasta octubre del 2016, varias instituciones públicas compraron miles de resmas de papel tamaño oficio a la empresa Kuatiapó, distribuidora del fabricante International Paper de Brasil, a G. 27.908 el paquete. ABC denunció que el precio estaba inflado en comparación a los valores de mercado, pero tanto la firma como Contrataciones justificaron el sobreprecio. El mes pasado, 4 meses después, la citada firma ofertó el mismo producto a solo G. 17.300 por cada resma a tres instituciones públicas.
Según Contrataciones Públicas, las estatales están comprando papelería a “precios sumamente ventajosos”. La realidad, sin embargo, es otra a causa de la falta de control en este rubro. Uno de los ejemplos es IPS, que de abril a setiembre compró 65.000 resmas de papel a precios más elevados si se compara con el costo de mercado, con una pérdida de G. 363 millones.
Contrataciones, a cargo de Santiago Jure, aseguró en un comunicado que logró “precios sumamente ventajosos” en el proceso de compra de papel para el Estado. Sin embargo, un equipo de ABC verificó que el citado ente avaló la compra de resmas un 20% más caras de lo que se venden en el mercado.
Contrataciones, a cargo de Santiago Jure, aseguró en un comunicado que logró “precios sumamente ventajosos” en el proceso de compra de papel para el Estado. Sin embargo, un equipo de ABC verificó que el citado ente avaló la compra de resmas un 20% más caras de lo que se venden en el mercado.
Contrataciones emitió un comunicado para justificar su negativa de incluir la leyenda “prohibida su venta-propiedad del Gobierno” en las resmas de papel que adquiere el sector público y evitar así el robo de papelería. Aseguró que no se pudo acceder a este pedido porque “tendría un impacto negativo en los precios”, pero pidió a la ciudadanía denunciar la comercialización ilegal.
Incluir en todos los artículos adquiridos vía licitaciones o compras directas la leyenda “Material del Gobierno Nacional- Prohibida su Venta” fue la solicitud realizada por la Unión Industrial Paraguaya (UIP) a Contrataciones Públicas. Esta institución se opone actualmente al citado pedido de transparencia, argumentado que podría afectar el concurso de precios.