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Gran parte de las resmas de papel que compra el Gobierno va a parar al mercado negro, lo que genera una pérdida del dinero público y afecta el comercio formal de las papeleras. Esto motivó a la firma Álamo SA a promover en febrero de esta año una campaña de trasparencia en las compra de papelería para entes públicos. Solicitó a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), a cargo de Santiago Jure, incluir la leyenda “prohibida su venta-propiedad del Gobierno” en las resmas.
La solicitud, realizada hace 9 meses, fue ignorada y la DNCP volvió a convocar otro llamado sin tener en cuenta el pedido de trasparentar. Recién cuando Álamo reclamó, Contrataciones analizó el caso. Llamó a una audiencia a todos los proveedores de papel y consultó sobre la propuesta de incluir las leyenda mencionada. Casi todos se opusieron. “La DNCP llegó a la conclusión de que según los tiempos disponibles para finalizar el proceso licitatorio actual, la empresa Álamo SA sería la única con posibilidad de incluir la leyenda solicitada porque es la única que importa, corta y empaqueta localmente las resmas de papel, cuando el resto de las empresas del rubro son importadoras. Atendiendo la situación, la DNCP consideró que la incorporación del requisito propuesto por la empresa Álamo SA, constituirá una grave violación al principio rector de las contrataciones públicas determinado por Ley: Igualdad y Libre Competencia. Además, la inclusión de la propuesta de Álamo SA constituiría un factor que tendría un impacto negativo sobre los precios de las ofertas, ya que a menor competencia los precios tienden a ser más altos”, señala parte del comunicado dado a conocer por Contrataciones.
Pese a tener varios meses para incluir el requisito solicitado por Álamo en esta licitación y para que las empresas interesadas se preparasen, la DNCP dejó pasar el tiempo, beneficiando a la rosca que lucra con el robo de papelería. En vez de facilitar un mecanismo de control, la institución a cargo de Jure tiró la responsabilidad a la ciudadanía, a instar que la misma denuncie “responsablemente cualquier acto ilegal de comercialización de bienes adquiridos por el Estado”.