Una llamativa actuación tuvo el TSJE al no denunciar ante Contrataciones Públicas la grave conducta documentada del Consorcio Comitia-MSA en el primer llamado a licitación para la compra de máquinas de votación. Pese a que el mismo comité evaluador de la institución detectó que el consorcio alteró la muestra en plena prueba técnica –según describe el dictamen de la DNCP–, la Justicia Electoral benefició a la misma empresa (hoy ya bajo investigación) con un contrato de US$ 34,9 millones en el segundo proceso licitatorio de alquiler de 18.000 equipos. El sugestivo silencio oficial permitió que un oferente descalificado terminara siendo premiado.