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Reconoció que la papelería adquirida por el nuevo sistema tiene un 20% de sobrecosto en comparación con los precios del mercado. Argumentó que tal diferencia se debe a factores que obligan a las dos proveedoras (Kuatiapó, de Eugenio Sanabria Vierci, y Dalmi, de Rubén Vázquez) a subir sus precios. “Los empresarios nos explican que tienen pedidos que no se les pagan, deudas de G. 1.000 millones por cobrar. El Estado paga muy tarde, su promedio de pago es de 180 días. Dicen que aumentan 20% por las retenciones, el seguro por el dinero, la distribución y otros cosas”, explicó Jure.
En cuanto al pedido de incluir en las resmas una leyenda de “prohibida su venta”, a fin de reducir los robos de la papelería, el funcionario aseguró que verán las opciones de las etiquetas o sellos en los paquetes.
Aclaró, además, que fue la Superintendencia de Seguros la que indicó que la presentación de pólizas para ofertas estaba mal hecha, lo que motivó que tres empresas fueran descalificadas del convenio marco para proveer resmas.
“No fue criterio de la DNCP, sino de la institución rectora. Por eso fueron sacadas del proceso, y quedaron solo dos oferentes”, explicó.