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El pedido de la UIP, realizado el 17 de noviembre pasado vía nota a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), se suma a las solicitudes hechas por la empresa Álamo SA (en febrero y octubre) para transparentar las compras de papelería realizadas por el Gobierno. Esto atendiendo el comercio ilegal de resmas de papel, propiedad de instituciones públicas, en el mercado negro.
“En el marco de la campaña de transparencia que viene desarrollando el Gobierno Nacional, le solicitamos que sea considerado como requisito indispensable, incluir una leyenda en los productos adquiridos por licitación por concurso de ofertas, licitación pública nacional, contratación directa, indicando ‘Material del Gobierno Nacional-Prohibida su Venta’”, señala parte de la nota enviada por la UIP a la DNCP.
La misiva, firmada por el Arq. Luis Tavella, explica en su segundo párrafo que el pedido se realiza con el objetivo de evitar que los productos adquiridos por las instituciones públicas sean comercializados de manera ilícita, transparentando así todas las compras del Estado.
Tanto el pedido de Álamo como el del gremio de los industriales fue ignorado hasta el momento por Contrataciones, a cargo de Santiago Jure. Este argumentó su negativa de incluir las leyendas mencionadas en las resmas, afirmando que tal requerimiento podría influir en los precios convenientes y la competencia entre empresas. Explicó además que el sistema que se usa ahora para que las instituciones adquieran las resmas de papel es de ofertas virtuales, previa evaluación de los mejores precios. Es decir, no son compras abiertas, que sí permiten a los oferentes preparar sus productos con los requerimientos previamente solicitados.
La iniciativa de Álamo, de pedir la inclusión de la leyenda en las resmas, derivó en que el presidente de la empresa, Daniel Maldonado, fuera amenazado de muerte. El autor de la intimidación por teléfono, caso investigado por la Fiscalía, sería parte de la rosca de empresas y funcionarios que comercializa en el mercado negro la papelería que adquieren las dependencias públicas.