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La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), a cargo de Santiago Jure (quien sería protegido de Francisco Barriocanal, asesor de Horacio Cartes), llevó adelante un polémico proceso de convenio marco para la adquisición de papelería de todas las instituciones públicas. En este rubro existe un descontrol, que deriva en que gran parte de las resmas adquiridas por entes estatales terminen vendiéndose en el mercado negro. Una propuesta para reducir los robos y promover la trasparencia fue presentada por una de las empresas proveedoras, Álamo. La idea consistía en que los paquetes de papel tengan la leyenda “Prohibida su venta-Propiedad del Gobierno Nacional”, tal como se hace con los medicamentos del Ministerio de Salud y el IPS, además de los kits escolares del Ministerio de Educación.
La propuesta no fue aceptada por la DNCP, con el argumento de que afectaría los precios y la libre competencia. La institución aseguró, además, que consiguió precios sumamente ventajosos para el Estado con el proceso de convenio marco. “Los precios por los cuales el Estado adquirió las resmas de papel son más bajos que aquellos de las principales librerías del país”, señaló Contrataciones en un comunicado. La realidad, sin embargo, es totalmente otra.
Un ejemplo de que la DNCP está lejos de lograr buenos precios para el Estado se ve en el IPS, que en solo 5 meses (de abril a setiembre) compró 65.000 resmas de papel de 3 tamaños (32.500.000 hojas). Además de no poder trasparentar estas compras, para ver si en realidad la previsional usa esta cantidad de papel, las adquisiciones se hicieron a precios superiores al del mercado.
Por cada una de las 25.000 resmas de tamaño oficio (marcas Chamex y Brio), el IPS pagó entre G. 27.660 y 27.990 a las firmas Dalmi (representada por Rubén Vázquez) y Kuatiapo (Lucila Sanabria). Sin embargo, los precios de mercado de estos productos fueron de entre G. 19.700. y G. 21.900, por lo que solo en las resmas de este tamaño el IPS perdió G. 169 millones. También compró a precios elevados 20.000 resmas tamaño carta y 20.000 de A4, con un perjuicio de G. 102.700.000 y G. 90.700.000, respectivamente, según registros de la DNCP. Sumando los sobrecostos, las pérdidas ascienden a G. 363 millones.