El informe sobre rendición de cuentas de recursos del Fonacide de la Contraloría General de la República observa irregularidades y sobrefacturación en municipios y gobernaciones que recibieron millonarios fondos del Estado para invertir en educación e infraestructura. En el caso de la Municipalidad de Itauguá, se elabora un reporte de indicios de hechos punibles contra el patrimonio.
Sobrefacturación en la compra de bienes y servicios, pago por obras no ejecutadas, falta de aprobación del MEC de proyectos de obras en escuelas, transferencia de recursos a entidades privadas no establecidas en la ley, irregularidades en contratación o ejecución de obras y en provisión del almuerzo escolar; pago de salarios con recursos del Fonacide y utilización de recursos para gastos no previstos en la ley, son algunas de las irregularidades que observó la Contraloría General en el resumen ejecutivo de aplicación de recursos del Fonacide al 30 de junio del 2014 por parte de municipalidades y gobernaciones, causando irreparables perjuicios a la educación.
El fiscal Víctor Hugo Segovia debe citar a declarar a los funcionarios municipales Heriberto Rolón y Blanca Gómez, al intendente Nelson Delvalle; al presidente de la Junta Municipal, Rodolfo Almirón (ANR), a Blásida Arévalos y a Rodrigo Ramón Ramírez Ozuna.
El fiscal de Ayolas, Víctor Segovia, reveló que familiares de una funcionaria municipal cobraron los cheques emitidos por la Comuna ayolense a nombre de “Comesur”. Como dueña de la empresa figura una analfabeta.
Contraloría constató irregularidades e imprecisiones en documentos presentados para el control sobre uso de recursos del Fonacide por parte de la Municipalidad de San Bernardino. Cuestiona calidad de gestión del intendente.