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De acuerdo a informes de la CGR, solo 17 jefes comunales presentaron sus informes en el plazo establecido, hasta el 15 de setiembre. Otros 74 morosos “se pusieron al día” hasta el 1 de octubre y 158 aún no rindieron cuentas.
Además, muchos de los intendentes que no presentaron documentos sobre el destino dado a los recursos buscan su reelección.
En cuanto a royalties la situación es un poco peor. Once intendentes rindieron cuentas en el plazo establecido, otros 70 cumplieron fuera de tiempo y están en falta 179 jefes comunales.
La Ley 4758/12, que crea el Fonacide, establece que un 50% de los fondos debe ser destinado a obras de infraestructura (refacciones, construcción de aulas, sanitarios y otros) en instituciones educativas: escuelas y colegios; 30% al almuerzo escolar y el 20% a obras de inversión y desarrollo que beneficien a las instituciones educativas, como mejoramiento de accesos.
En cuanto a la Ley de royalties, estipula que el 80% debe ser destinado a obras de infraestructura y el 20% en consultorías.
A juzgar por la realidad de las instituciones educativas de diferentes distritos, los recursos no están siendo invertidos para el fin propuesto. Es más, desde la aplicación del Fonacide, en 2012, existen denuncias del uso del dinero para pago de sueldos y aguinaldos, mientras las pocas obras realizadas son de mala calidad, quedan inconclusas, abandonadas y son “fantasmas”.
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