La Cámara de Apelaciones de San Lorenzo revocó la condena del exjuez penal de garantías Juan Carlos Pane Chelli, sentenciado a un año de cárcel tras probarse en juicio oral que recibió G. 2 millones para sustituir la prisión preventiva de un procesado por tentativa de homicidio doloso, por el de arresto domiciliario.
La Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción tiene tiempo hasta el 13 de setiembre de este año, para definir si acusa o no al exjuez penal de garantías de San Lorenzo, Juan Carlos Pane Chelli (actualmente cumpliendo funciones en Coronel Oviedo) por el presunto cobro irregular de una constitución para otorgar arresto domiciliario a un imputado por tentativa de homicidio. El actuario Pedro Meza también está involucrado en el proceso. El 20 de agosto se realizará la desgrabación de la cámara oculta, luego de que la fiscalía solicitara en tres ocasiones esa última diligencia.
El juez Juan Carlos Pane Chelli declaró a ABC que estaba contento de que la fiscalía lo haya grabado, porque de esa forma se va a demostrar que no cometió ningún acto ilegal.
El juez Juan Carlos Pane Chelli afronta una imputación por cobro indebido de honorarios y cohecho pasivo. Por este motivo, su actuario Pedro Meza quedó pegado al proceso que impulsa la fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción. El fiscal Martín Cabrera cuestiona que Pane Chelli pidió dinero para que el juzgado se constituya en el sitio donde un procesado iba a guardar arresto domiciliario. El cuestionamiento deviene de que hay una acordada de la Corte Suprema que señala que cuando el pedido es hecho por la defensa pública, se exoneran los gastos judiciales.
El fiscal anticorrupción Martín Cabrera solicitó al juez Gustavo Bóveda el desafuero del magistrado Juan Carlos Pane Chelli. El pedido debe ser remitido al Jurado de Enjuiciamiento.
El juez de garantías de San Lorenzo, Juan Carlos Pane Chelli, fue imputado ayer a la tarde por los delitos de cobro indebido de honorarios y cohecho pasivo. La presentación la radicó el fiscal Martín Cabrera de la unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. En el escrito se menciona que el magistrado pasó por alto una acordada de la Corte Suprema de Justicia.