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El requerimiento al Jurado se podría dilatar, ya que Bóveda, que al igual que Pane Chelli es juez de garantía de San Lorenzo, se inhibiría por amistad.
Solamente si el Jurado le quita los fueros al juez la justicia podría llevar adelante un proceso por cobro indebido y cohecho pasivo (coima).
De acuerdo a la imputación, hay sospechas de cobro indebido de honorarios, ya que se pasó por alto el artículo 24 de la acordada 526 del 22 de abril de 2008, que menciona entre otros puntos que están exentos de gastos judiciales los pedidos promovidos por la defensa pública.
En este caso, el defensor público Osvaldo Marecos solicitó el cambio de carátula de homicidio doloso en grado de tentativa a lesión grave.
También pidió el arresto domiciliario de su defendido. Fue así como el juzgado de San Lorenzo requirió la suma de G. 2 millones en concepto de constitución, en el lugar donde se solicitaba que el imputado esté recluido durante el tiempo del proceso.
Esto es considerado ilegal por la fiscalía, que además imputó por coima, debido a que, al no corresponder el pago, calificó el pedido de dinero como coima.
El procedimiento fue autorizado por la jueza Lici Teresita Sánchez.
Fuentes judiciales indicaron que también están al tanto de todo lo que se esta indagando el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, y el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón.
A Pane Chelli intentaron sorprenderle con la entrega del dinero por parte del padre del procesado por homicidio doloso en grado de tentativa, para probar la coima.
Sin embargo, el magistrado no aceptó la plata.
Según la fiscalía, en el mismo Palacio de Justicia de Asunción se filtró la información de que se iba a realizar el operativo.