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La denuncia radicada el pasado 6 de marzo por Juan Smitmans Cabral da cuenta que su hijo Juan Augusto está sometido a un proceso penal por tentativa de homicidio.
Tras reiterados pedidos de medidas sustitutivas, la fiscala Silvana Otazú hizo lugar al cambio de calificación del delito investigado por la de lesión grave.
El denunciante relató que el pasado 25 de febrero se reunió con Pane Chelli en su despacho para acelerar los trámites. “En la supuesta reunión mantenida entre el señor Juan Alberto Smitmans y el juez Pane Chelli, este último le habría solicitado al señor Smitmans, que ofreciera caución real y personal y la suma de G. 2.000.000, supuestamente para la constitución en el domicilio donde el ciudadano Juan Augusto Smitmans debía guardar el arresto domiciliario”, dice la imputación.
La fiscalía con autorización de la jueza Lici Teresita Sánchez montó un operativo encubierto en el juzgado de San Lorenzo.
Fue así que a las 13:00 del 6 de marzo, Juan Alberto Smitmans se reunió con el actuario judicial Meza, para informarle que todavía no contaba con la suma de dinero solicitada.
Meza supuestamente le respondió que lo esperaba para el día siguiente.
Fue así que el 7 de marzo, Smitmans, se reunió nuevamente con el juez a quien le aclaró que estaba ahí para “arreglar el tema”.
Sin embargo, el juez, aparentemente sorprendido, según la imputación fiscal, respondió que él nunca había pedido dinero.
En este punto la fiscalía deja entrever que se le avisó a Pane Chelli del operativo encubierto.
“Según consta en la declaración testifical del señor Smitmans, el denunciado tenía una conducta sospechosa, aparentemente con conocimiento del procedimiento que se estaba llevando a cabo en ese momento, posterior a esto se despidió del juez y se dirigió por órdenes de este último al actuario judicial Abog. Pedro Meza, a quien le consultó el monto que tenía que entregar y este le respondió supuestamente que era la suma de guaraníes un millón quinientos mil, ante el reclamo del señor Smitmans, ya que se había acordado previamente que lo abonado debería ser la suma de G. 2.000.000. El actuario se levantó y aparentemente consultó el monto con el juez, posterior a esto el actuario Pedro Meza volvió a su lugar y se ratificó en el monto que el señor Smitmans debía abonar”.
Tras entregar el dinero, el denunciante recibió del actuario copias del A.I. Nº 274 de fecha 6 de marzo de 2013, donde se resolvía la calificación jurídica del hecho punible atribuido al imputado Juan Augusto Smitmans y la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
La acordada
La fiscalía trae a colación la Acordada de la CSJ Nº 516/08 “Que Establece el régimen de cobertura de gastos para magistrados y demás funcionarios dentro de un proceso judicial”.
“En este punto fundamentamos esencialmente la presente imputación, al observarse claramente que en el Art. 24 la misma Acordada señala cuanto sigue: “...No se permitirá el pago de COBERTURA DE GASTOS prevista en esta Acordada, cuando se realicen constituciones judiciales o diligencias ordenadas en los juicios de Habeas Corpus, en aquellas ofrecidas por el Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa Pública, en las solicitadas por personas amparadas en el beneficio de litigar sin gastos…” (se adjunta copia autenticada de la Acordada N° 516/08 )”, dice el escrito de Cabrera.
Agrega: “El ciudadano Juan Augusto Smitmans hizo uso de su derecho constitucional, basado en el Art. 17 numeral 6, en el que el mismo tiene derecho a que el Estado le provea de un defensor gratuito, al no contar con medios económicos para solventarlo, razón por la cual a través del escrito obrante a fojas 35 del expediente judicial de la causa penal del ciudadano Juan Augusto Smitmans, se nombra defensor al Abog. Nelson Romero, quien según nota obrante a fojas 36 del mismo expediente, acepta el cargo de la defensa pública del imputado Juan Augusto Smitmans Nunes. Por ello esta representación pública considera que el ciudadano Juan Augusto Smitmans debía ser beneficiado por lo dispuesto en el Art. 24 de la Acordada Nº 516/08”.
El fiscal pidió el desafuero del magistrado y medidas alternativas a la prisión para el actuario judicial.
El cobro indebido de honorarios sería una modalidad en San Lorenzo y Capiatá.
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