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El actuario judicial Pedro Meza también fue imputado por el fiscal Cabrera.
De acuerdo a la imputación, hay sospechas de cobro indebido de honorarios, ya que se pasó por alto el artículo 24 de la acordada 526 del 22 de abril de 2008, que menciona entre otros puntos que están exentos de gastos judiciales los pedidos promovidos por la defensa pública.
En este caso, el defensor público Osvaldo Marecos solicitó el cambio de carátula de homicidio doloso a lesión grave.
También pidió el arresto domiciliario de su defendido. Fue así que el juzgado de San Lorenzo requirió la suma de G. 2 millones en concepto de constitución en el lugar donde se solicitaba que el imputado esté recluido durante el tiempo del proceso.
El caso inclusive fue denunciado como una coima.
Pero cuando el fiscal Cabrera intervino en el juzgado de San Lorenzo, por orden de la jueza Lici Sánchez, recibió la explicación de que lo que se habría solicitado era dinero por la constitución.
El juez trasladó la responsabilidad al actuario judicial.
El fiscal también imputó por cohecho pasivo, al considerar que el juzgado ignoró la excepción que establece la acordada y pidió dinero para que se formalice un acto favorable al procesado.
Jurado y Corte Suprema
La imputación coincide con una primaria resolución de la Corte Suprema, que abrió un sumario ante la sospecha de cobro indebido de honorarios.
El máximo tribunal suspendió al actuario judicial y remitió los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
El Jurado no había tomado decisión alguna, por falta de elementos contra el magistrado que, sin embargo, ya fue apercibido el año pasado por el órgano juzgador por favorecer a una procesada por tráfico de droga.
En declaraciones a nuestro diario el juez Pane había negado el pedido de coima.
El actuario Pedro Meza también había negado cualquier tipo de irregularidad.
Empero, hay varias denuncias de que esta es una modalidad que utilizan.