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El fiscal Martín Cabrera tiene como coadyuvante en esta causa a su colega de San Lorenzo, Nadine Portillo. Ambos deben definir en un mes si acusan o no y piden juicio oral para el magistrado y su exactuario.
La última diligencia que falta realizar a los investigadores tiene que ver con la desgrabación de los CD de audio y video. Tras tres solicitudes, el juez Julio César Granada resolvió fijar para el martes 20 de agosto, a las 10:30, la realización de la diligencia técnica.
El perito designado por el Laboratorio Forense del Ministerio Público es Gustavo Gómez Rambado, mientras que la defensa a cargo de la abogada Sarah Parquet de Ríos nombró a los profesionales Librado Ramón Sánchez y Ángel María Vargas Arnold. Luego, los peritos tendrán un plazo para presentar la conclusión del trabajo. Se habla de una maniobra en caso de pericia.
La imputación
El 13 de marzo de este año, el Ministerio Público decidió formular imputación contra el juez Juan Carlos Pane Chelli y el abogado Pedro Valentín Meza, quien era su actuario judicial, por los hechos punibles de cobro indebido de honorarios y cohecho pasivo (coima).
La denuncia fue presentada el 5 de marzo por Juan Alberto Smitmans Cabral, quien alegó que recibió pedido de dinero por parte del magistrado y su actuario en el proceso abierto a su hijo Juan Augusto Smitman Nunes, sometido a un proceso penal por supuesta tentativa de homicidio y en tal sentido cumplía prisión preventiva. El dinero sería para lograr un arresto domiciliario, luego de que la fiscala Silvana Otazú aceptara hacer lugar al cambio de calificación a lesión grave.
El denunciante relató acerca de una reunión que se llevó a cabo el 25 de febrero en el despacho del juez Pane Chelli. Supuestamente, en la cita mantenida entre Juan Alberto Smitmans y el juez Juan Carlos Pane Chelli, este último le habría solicitado a Smitmans que ofreciera caución real y personal y la suma de G. 2.000.000, supuestamente para la constitución en el domicilio donde el ciudadano Juan Augusto Smitmans debía guardar el arresto domiciliario, según se consigna en la imputación penal.
Luego de ese pedido y la denuncia respectiva, se obtuvo autorización judicial para la filmaciones de las reuniones y entregas de dinero.
Operativo filtrado
El 6 de marzo, a las 13:00, Smitmans se reunió con Meza, para informarle que todavía no contaba con la suma de dinero solicitada. El actuario supuestamente le respondió que lo esperaba para el día siguiente.
Fue así que el 7 de marzo, el denunciante se reunió nuevamente con el juez a quien le aclaró que estaba ahí para “arreglar el tema”. Pane Chelli, aparentemente sorprendido, según la imputación fiscal, respondió que él nunca había pedido dinero. En este punto el Ministerio Público deja entrever que el magistrado fue alertado del operativo encubierto en su contra.
“Según consta en la declaración testifical del señor Smitmans, el denunciado tenía una conducta sospechosa, aparentemente con conocimiento del procedimiento que se estaba llevando a cabo en ese momento, posterior a esto se despidió del juez y se dirigió por órdenes de este último al actuario judicial Abog. Pedro Meza, a quien le consultó el monto que tenía que entregar y este le respondió supuestamente que era la suma de guaraníes un millón quinientos mil, ante el reclamo del señor Smitmans, ya que se había acordado previamente que lo abonado debería ser la suma de G. 2.000.000. El actuario se levantó y aparentemente consultó el monto con el juez, posterior a esto el actuario Pedro Meza volvió a su lugar y se ratificó en el monto que el señor Smitmans debía abonar”.
Luego de la entrega del monto acordado, el denunciante recibió del actuario copias del A.I. Nº 274 de fecha 6 de marzo de 2013, donde se resolvía la calificación jurídica del hecho punible atribuido al imputado Juan Augusto Smitmans y la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
La acordada en cuestión
El Ministerio Público esboza el cobro irregular de honorarios, ya que el artículo 24 de la Acordada de la CSJ Nº 516/08, “Que Establece el régimen de cobertura de gastos para magistrados y demás funcionarios dentro de un proceso judicial”, prohíbe la cobertura de gastos de planteamientos solicitados en casos de hábeas corpus, impulsados por el Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa Pública, en las solicitadas por personas amparadas en el beneficio de litigar sin gastos y en casos de violencia doméstica.
En el caso del ciudadano Juan Augusto Smitmans se trataba del pedido de revisión de prisión del defensor público Nelson Romero, quien luego del pedido de dinero recomendó al progenitor de su defendido que instaure la denuncia correspondiente.
griselda@abc.com.py