De las siete personas fallecidas tras los asesinatos que se produjeron durante el motín en Tacumbú solo dos tenían condena. Uno de ellos tenía una pena de 27 años por haber matado a su hijo de cinco años en marzo de 2015 y el otro era un hombre que tenía una condena de 9 años por robo agravado, aunque ya llegó a estar 19 años en la cárcel por dos homicidios en los años 90. Los restantes cinco estaban procesados por robo y hurto agravado.
La indiferencia de fiscales y jueces ante el pedido de auxilio de una madre terminó con el crimen de un niño de 5 años por su propio padre. Ahora todos buscan “lavarse las manos” e incluso responsabilizan a la madre por entregarle la criatura a su progenitor. Sin embargo, ellos facilitaron la libertad del asesino al ignorar el frondoso antecedente de violencia.
La fiscala de Fernando de la Mora Casse Evelyn Giménez responsabilizó ayer a la madre del menor asesinado el pasado fin de semana por su padre, por haber llegado a un acuerdo con este sobre un régimen de relacionamiento, a sabiendas de su carácter violento y de que ya había amenazado de muerte a ambos.
La fiscala Casse Evelyn Giménez confirmó también que Julio César González Cáceres estuvo preso en enero pasado, después de imputarle por violación de la patria potestad.
Las falencias existentes en nuestra legislación penal, que contempla la excepcionalidad de la prisión preventiva, permite la pronta liberación de personas consideradas peligrosas, como el caso del padre que asesinó a su hijo de cinco años el pasado domingo. Se trata de un problema que debe tratarse tanto a nivel jurídico como social, afirmó ayer el fiscal Jorge Figueredo.
La madre del menor de cinco años que fue hallado muerto el martes último en Chaco’i, dos días después de ser asesinado por su padre, criticó duramente al Poder Judicial y la fiscalía por haber liberado tan pronto a su expareja, pese a sus antecedentes.