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Los antecedentes que desencadenaron en el asesinato del menor Jesús Daniel Benítez Benítez (5), a manos de su propio padre, Julio César González Cáceres (34), se remontan al mes de enero del presente año. Fue cuando la madre de la criatura, Rosa Mabel Benítez (25), decidió poner fin a la relación entre ambos debido al carácter violento e intratable de su pareja, además de la negativa de reconocer a su hijo.
Benítez declaró que tomó al niño y fueron a vivir con su madre, al tiempo de iniciar una solicitud de la exclusión de hogar, a fin de evitar problemas con su exconcubino.
“El 20 de enero la madre del niño denunció inicialmente a su expareja ante la Fiscalía de Fernando de la Mora por violación de la patria potestad. Fue porque el padre le había llevado a almorzar y no lo trajo de vuelta. En aquella oportunidad fueron nueve días en que retuvo al chico hasta conseguir que lo devolviera a la madre. Entonces lo imputé por este hecho punible y solicité la prisión preventiva, al considerarlo de suficiente peligrosidad, con una expectativa de seis años de cárcel”, refirió la fiscala Casse Evelyn Giménez. Ella aclaró que la investigación al caso correspondió inicialmente a su colega Cristian Ortiz.
González Cáceres estuvo en prisión durante unos días, pero el 26 de febrero pasado el juez Atilio Rodríguez le otorgó la libertad, después que en la audiencia de revisión, el fiscal Ortiz se allanara al pedido de la defensa. Se le impusieron algunas medidas alternativas, entre ellas la restricción de acercarse al niño y su madre.
“Yo por mi parte no lo hubiera liberado porque lo considero peligroso. Yo tuve contacto directo con él y escuché las amenazas que él profería”, afirmó la fiscala Giménez.
El acuerdo voluntario
No obstante y decidido a recuperar el relacionamiento con el menor, González Cáceres inició un proceso a través de la oficina de Mediación de la Defensoría Pública, y la mediadora Lourdes Bareiro citó a Sonia Mabel Benítez para una audiencia para el 9 de marzo.
Durante la comparecencia, González Cáceres presentó un certificado de nacimiento de la criatura ante el Registro Civil, expedido coincidentemente esa fecha y la mujer accedió a llegar a un acuerdo voluntario para el régimen de relacionamiento con el niño. Así, se pactó que la criatura estaría con su padre entre las 16:30 de los sábados y las 20:00 de los domingos.
“Ella hizo la entrega voluntaria de la criatura al padre el 14 de marzo, fecha en que aparentemente fue asesinado”, afirmó Giménez.
La noche del domingo la madre de la criatura comenzó a impacientarse porque el padre no retornaba con él y con el transcurrir de las horas denunció el hecho ante la comisaría 11ª Central de Arroyo Seco, límite entre Villa Elisa, Fernando de la Mora y San Lorenzo.
Al día siguiente, Sonia Mabel recibió una llamada en su celular de parte de su expareja, quien le comunicaba que asesinó al hijo de ambos y le dio indicaciones para encontrar su cuerpo en Chaco’i, cerca de Nanawa (ex Puerto Elsa), en la frontera con Argentina.
La Policía y la Fiscalía iniciaron una intensa búsqueda hasta que encontraron el cadáver del niño en un yuyal de Chaco’i. El hallazgo se produjo cerca de las 15:50 del martes último. El cuerpo del inocente estaba cubierto con una toalla y cerca suyo estaba su mochila. También se encontró un manuscrito con varios nombres y números telefónicos de familiares del menor.
“Justicia de porquería”
Al enterarse del macabro hallazgo, Sonia Mabel Benítez criticó entre llantos y lamentos y fustigó duramente al Poder Judicial y la fiscalía por haber liberado tan pronto a su expareja, pese a sus antecedentes. Despotricó también contra el sistema judicial de nuestro país, al que calificó de “porquería”.
“Es fácil para ellos porque ellos no vivieron lo que yo viví; la justicia es una porquería en Paraguay. Nosotros los pobres vamos a morir todos porque la justicia no vale la pena, es una basura”, reafirmó la desconsolada madre porque las autoridades fiscales y judiciales decidieron otorgar la libertad a su exconcubino.
“Él estuvo preso porque tuvo una orden de captura, pero volvió a salir porque pagó; la justicia es una mierda en este país. Si no tenés plata, te morís”, sostuvo ante la prensa.
Gracias a la medida alternativa de prisión, dos meses después el denunciado volvió a actuar contra su hijo y esta vez decidió acabar con la vida del pequeño, en una aparente venganza contra la mujer porque había iniciado una nueva relación con otro hombre.
“Él ya tenía que estar preso, por algo lloré, supliqué...”, expresó Benítez.
“No creí que iba a hacerle algo, por más que me llamaba y me amenazaba”, afirmó la mujer porque pensó que solo iba a retener a la criatura con el propósito de chantajearla para que volviera junto a él.
Tras consumar el deleznable crimen, González Cáceres cruzó la frontera argentina y huyó a la ciudad de Buenos Aires.
Falencias en la legislación
El fiscal de Villa Hayes, Jorge Figueredo Corrales, quien dirige la investigación del asesinato del menor Jesús Daniel Benítez Benítez (5) a manos de su padre Julio César González Cáceres, denunció que existen falencias en nuestra legislación penal, que contempla la excepcionalidad de la prisión preventiva y permite la pronta liberación de personas consideradas peligrosas.
“El problema de nuestra legislación es que establece la excepcionalidad de la prisión preventiva porque el proceso penal se rige bajo un sistema acusatorio, muy diferente del sistema inquisitivo, donde es el Ministerio Público el que tiene la carga de la prueba, en el sentido de que debe demostrar con evidencias la culpabilidad de una persona, la comisión de un hecho punible determinado”, explicó Figueredo.
“El problema es que hay hechos punibles que son considerados como delitos en el Código Penal, pero que jurídicamente corresponde a la aplicación de medidas alternativas de prisión”, recalcó.
Problema psicosocial
El fiscal Figueredo también señaló que cuando surge un problema judicial de índole psicosocial, como los casos de violencia intrafamiliar o la violación de la patria potestad de parte de uno de los progenitores de la criatura, las autoridades deben reaccionar ante esta situación y tomar medidas preventivas para proteger la vida de los afectados.
“No obstante, si analizamos el hecho como un grave problema psicosocial, como es el caso de la violencia intrafamiliar o la violación de la patria potestad de parte de uno de los progenitores, ese hecho debe ser analizado o valorado no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también en la instancia de las autoridades competentes. Estas deberían tomar medidas preventivas eficaces y administrativas, para evitar que el fin jurídico más importante sea vulnerado, como es la vida”, puntualizó.
“Además de eso, este tipo de hecho punible demuestra el grave deterioro de nuestra sociedad en cuanto a los valores y es un signo muy grave de descomposición del individuo a nivel familiar y social. Inclusive, amerita que hechos de este tipo sean objeto de estudio en nuestras universidades como Derecho, Psicología y Medicina”, acotó.
Cuestiona acuerdo voluntario
La fiscala Casse Evelyn Giménez, por su lado, cuestionó el hecho que la madre de la criatura, Sonia Mabel Benítez, haya accedido a un firmar un acta de acuerdo voluntario con su expareja, a sabiendas que lo consideraba un sujeto altamente peligroso y que podía poner en riesgo su vida y la de su hijo. También criticó el accionar de la abogada Lourdes Bareiro, quien ofició de mediadora en la Defensoría Pública, por su mal desempeño, y anunció que lo iba a denunciar.
“Voy a denunciar a la mediadora por mal desempeño. ¿Cómo no se dio cuenta de que el certificado de nacimiento fue expedido el mismo día de la audiencia en que las partes llegaron al acuerdo voluntario?”, afirmó.
La agente del Ministerio Público indicó que el acuerdo se realizó sin homologación ni ante un juzgado y que la madre le presentó el documento recién después que denunciara por segunda vez al padre por violación de la patria potestad.
Mientras tanto, las autoridades policiales y fiscales están abocadas a la captura del supuesto filicida, de quien se sospecha que mantiene contactos con sus familiares a través de correos electrónicos o por celular.
Agentes de Homicidios indagan los extractos de llamadas que González Cáceres hizo a su expareja durante el fin de semana en que presuntamente asesinó a la criatura en la localidad de Chaco’i.
cazenave@abc.com.py