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“El problema de nuestra legislación es que establece la excepcionalidad de la prisión preventiva porque el proceso penal se rige bajo un sistema acusatorio, muy diferente del sistema inquisitivo, donde es el Ministerio Público es el que tiene la carga de la prueba, en el sentido en que debe demostrar con evidencias la culpabilidad de una persona la comisión de un hecho punible determinado”, explicó Figueredo.
El agente fiscal investiga el alevoso asesinato del menor Jesús Daniel González Benítez (5), a manos de su propio padre Julio César González Cáceres (35), ocurrido el domingo pasado en la localidad de Chaco’i.
González Cáceres estuvo preso por diez días, después de que su exesposa Sonia Mabel Benítez (25) radicara una denuncia contra él ante la comisaría 11ª Central de Arroyo Seco, por violación de la patria potestad.
Tras confirmarse el caso de filicidio, la madre del niño lanzó duras críticas contra el Poder Judicial y la fiscalía, a los que acusó de lavarse las manos por permitir la pronta liberación del sindicado y no escuchar las advertencias acerca de la peligrosidad que él representaba, tanto para ella como para su hijo.
“El problema es que hay hechos punibles que son considerados como delitos en el Código Penal, pero que jurídicamente corresponde a la aplicación de medidas alternativas de prisión”, recalcó Figueredo.
El fiscal solicitó todos los antecedentes de la denuncia radicada por la madre del niño contra su expareja.
Medidas preventivas
El fiscal Figueredo también señaló que cuando surgen un problema judicial de índole psico-social, como los casos de violencia intrafamiliar o la violación de la patria potestad de parte de uno de los progenitores de la criatura, las autoridades deben reaccionar ante esta situación y tomar medidas preventivas para proteger la vida de los afectados.
“No obstante, si analizamos el hecho como un grave problema psico-social, como es el caso de la violencia intrafamiliar o la violación de la patria potestad de parte de uno de los progenitores, ese hecho debe ser analizado o valorado no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también en la instancia de las autoridades competentes. Estas deberían tomar medidas preventivas eficaces y administrativas, para evitar que el fin jurídico más importante sea vulnerado, como es la vida”, recalcó.
“Además de eso, este tipo de hecho punible demuestra el grave deterioro de nuestra sociedad en cuanto a los valores y es un signo muy grave de descomposición del individuo a nivel familiar y social. Inclusive, amerita que hechos de este tipo sean objeto de estudio en nuestras universidades como Derecho, Psicología y Medicina”, puntualizó.
Estaría aún en el país
El fiscal Jorge Figueredo refirió también que presume que el supuesto filicida confeso, Julio César González Cáceres, continúa en el país y no huyó a Argentina luego del asesinato de su hijo. Manifestó que González tiene una orden de captura por violación a la patria potestad, impartida por la fiscalía de Fernando de la Mora, tras ser denunciado por su exesposa.