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La fiscala Casse Giménez había imputado a Julio César González Cáceres por violación de la patria potestad. Fue a raíz de la denuncia de la madre del menor, Sonia Mabel Benítez, quien se desesperó porque el padre había retirado al hijo y no lo devolvió el día previsto.
Giménez solicitó la prisión de González Cáceres, considerando los numerosos elementos arrimados por Sonia Mabel, con respecto al carácter violento de su pareja a quien había dejado, precisamente, porque la maltrataba permanentemente.
El imputado solicitó la revisión de medidas y en la audiencia que se realizó ante el juez de Fernando de la Mora, Atilio Rodríguez, el fiscal Cristian Ortiz se allanó al pedido de libertad del procesado. El agente no tuvo en cuenta los antecedentes violentos de González Cáceres.
El juez Rodríguez le liberó al imputado y le impuso una serie de condiciones. Le prohibió acercarse a la víctima, entre otros cosas. Sin embargo, esto fue totalmente insuficiente, ya que el caso terminó con la muerte de Jesús Daniel Benítez, quien fue asesinado por su padre, gracias a la benevolencia del Poder Judicial y del Ministerio Público.
La violación de la patria potestad es un delito y en la mayoría de este tipo de caso no se solicita la prisión. Sin embargo, Giménez explicó que pidió la reclusión de González Cáceres ante las numerosas evidencias de que es un hombre violento.
El fiscal Ortiz manifestó por su parte que la ley no le obliga a solicitar la prisión del imputado “porque estamos ante un delito y no un crimen”. (En el primer caso es hasta cinco años de cárcel y en el segundo hasta diez).
Lo que el fiscal no tuvo en cuenta fue que Sonia Mabel ya recurrió en numerosas ocasiones ante la Policía y el Ministerio Público en busca de auxilio, que todas las veces le negaron, según declaró la mujer a la prensa.
Defensoría
Sonia Mabel entregó su hijo al padre luego de un acuerdo que firmaron ante una mediadora de la Defensoría Pública, institución que también tiene su cuota de responsabilidad en el caso, que terminó nada menos que con el crimen de Jesús.
Tanto el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría Pública son en gran medida responsables de que Jesús haya muerto. Si se hubieran tomado las medidas necesarias o si se hubiera atendido el pedido de auxilio de Sonia Mabel, quizá hayan podido evitar el crimen.
El cuerpo de Jesús fue encontrado el martes pasado en un baldío de Chaco’i, con su mochila al lado.
Los responsables tienen que ser sancionados.
Denuncia de amenaza
Julio César González quería obligar a su expareja, Sonia Mabel Benítez, que regrese con él.
Según la denuncia que hizo la mujer el 21 de enero pasado ante la Policía Nacional y que fue comunicada a la fiscalía, ella le había entregado a Jesús a su padre, pero que este no le devolvía.
La madre del menor, en la ampliación de su denuncia, apuntó que González la llamó por teléfono para exigirle que vaya junto a ellos a Buenos Aires. De lo contrario, le manifestó que jamás volvería a ver a Jesús.