En los últimos días han salido a la luz constantes análisis que vaticinan el apocalipsis fiscal, señalando a los salarios públicos como la causa principal de todos los males financieros del sector público e inclusive de los problemas sociales del país; sin embargo, estos pronósticos, poco sostenibles, muy bien podrían considerarse como parte de las tan famosas profecías mayas, lo que me ha motivado a realizar un análisis más objetivo y profundo sobre el tema de los salarios públicos.
En los últimos días se habló mucho sobre riesgos en el manejo de la política fiscal actual, advirtiéndose incluso sobre el deterioro estructural de las finanzas públicas; sin embargo, la mayoría de estos análisis fueron muy parciales y con poco fundamento, insuficientes para sustentar ajustes en la política fiscal.
No aumento de los gastos corrientes forma parte de las políticas financieras del proyecto de Presupuesto General de la Nación para el año 2013, con énfasis en los salarios del personal público, bajo el argumento del exceso de gastos en estos conceptos que son innecesarios.
El martes 28 de agosto el Gobierno de transición presentó al Congreso Nacional el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2013, cuatro días antes de la fecha tope establecida en la ley. Este proyecto es muy especial, en primer lugar porque se produce en un gobierno de transición, y en segundo lugar porque corresponde a un año de elecciones generales, que implicará que a partir del mes de abril de 2013 ya estarían elegidas las nuevas autoridades del futuro gobierno, quienes tendrán la responsabilidad de ejecutar este presupuesto los últimos cuatro meses del año. Dicho proyecto fue desarrollado con base en un escenario económico muy positivo sustentado en las buenas perspectivas de producción y precio de los commodities, la recuperación de los mercados de la carne y un fuerte crecimiento de las importaciones.
La burocracia administrativa es una de las principales causas de la baja ejecución presupuestaria en la administración pública, burocracia que está sustentada en normas legales creadas con el fin de fortalecer los controles internos y evitar la ocurrencia de errores e irregularidades, pero que al final han tenido un efecto más negativo que positivo en la eficiencia de la gestión pública.
Actualmente está en discusión el destino que les darán a los recursos adicionales que recibiremos de la entidad binacional Itaipú, estimados en la suma de US$ 240 millones anuales, resultado del mejoramiento del factor multiplicador de 5,1 a 15,3 de la compensación por cesión de energía, y, al respecto, varios proyectos fueron presentados al Congreso Nacional para determinar el uso de los fondos, comenzando por el Fondes y el Fonacipe presentados por el exministro de Hacienda, y actualmente ya retirados.
En el mes de junio del 2011, el exministro de Hacienda había presentado al Congreso el proyecto denominado Fondes (Fondo de Desarrollo y Equidad Social), cuyo objetivo se enfocaba en lograr una mejor distribución de los recursos adicionales a ser transferidos por la entidad binacional Itaipú, resultado de la negociación realizada con el gobierno de Brasil de aumentar la compensación de cesión de energía, en el cual se logró triplicar el valor del mismo, es decir, de US$ 120 millones que veníamos percibiendo pasaríamos a percibir US$ 360 millones aproximadamente.