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En el primer gráfico podemos observar la ejecución presupuestaria del gobierno central que en 8 años se ha mantenido por debajo del 90%, siendo los años más críticos los que corresponden a cambios de gobierno como en 2003 y en 2008.
En el segundo gráfico se muestra la tendencia cíclica por cuatrimestre (promedio de 8 años) de la ejecución presupuestaria del gasto público, cuya característica principal es la baja ejecución en los dos primeros cuatrimestres, y un gran salto en la ejecución del gasto público en el último cuatrimestre, pero insuficiente para lograr un nivel de ejecución ideal, siendo el promedio de los últimos 8 años apenas del 82%.
La baja ejecución presupuestaria se da principalmente en las inversiones públicas y en la inversión social, sí analizamos la ejecución de la inversión física entre los años 2008 al 2011, el promedio de ejecución apenas ha sido del 62% y esto ha significado que se han dejado de invertir en obras públicas en cuatro años un total de G. 3,6 billones, y la misma situación se da con la inversión social, que en el mismo período de tiempo el promedio de ejecución presupuestaria ha sido del 80%, es decir que se han dejado de invertir principalmente en salud, educación y lucha contra la pobreza, la suma total de G. 7,8 billones.
De acuerdo a las regulaciones legales, los procesos que se deben realizar para poder ejecutar un presupuesto público se pueden observa en uno de los cuadros.
En las mejores condiciones, siempre y cuando no se requieran reprogramaciones presupuestarias, no se declare desierto el llamado y no se produzcan protestas ni atrasos en los procesos, se tardan 151 días en ejecutar el presupuesto público, y hasta que el proveedor reciba el pago se puede llegar a tardar hasta 241 días inclusive.
Existen plazos que se pueden optimizar, como por ejemplo en el nivel de “Reglamentación” que está a cargo del Ministerio de Hacienda, prácticamente se pierden los dos primeros meses del año sin poder ejecutar el presupuesto público, por lo que en este paso se pueden acortar los plazos sin necesidad de reformas legales, sino más bien, acelerando el proceso.
Los procesos de “Contrataciones Públicas”, en la mayoría de los casos son plazos máximos, que generalmente son utilizados totalmente, y es aquí donde se requiere un acabado análisis de la situación a fin de diseñar propuestas que permitan optimizar los tiempos, como por ejemplo una reingeniería de procesos. En este caso existen opciones excepcionales que se pueden utilizar como los llamados ad referéndum, cuya finalización depende de la aprobación de los créditos presupuestarios, e inclusive existe la modalidad de llamados plurianuales, que permitirían acortar sustancialmente los tiempo de ejecución, pero que no han sido suficientes.
Y el último nivel corresponde a los procesos de recepción del bien (que es cuando se registra la ejecución presupuestaria) y el pago que está sujeto a la disponibilidad de recursos de las Tesorerías institucionales y del Tesoro Público.
Todos los años se repiten los mismos problemas de ejecución, que se traduce en recursos financieros no aprovechados en inversiones sociales e infraestructuras, y hasta el momento no se han tomado las medidas necesarias para corregir esta debilidad que atenta directamente contra la eficiencia de la gestión pública, por lo que el próximo gobierno que asuma la administración, debe considerar seriamente introducir las reformas necesarias al inicio de su gestión, para poder diferenciarse de los gobiernos anteriores y aprovechar al máximo los recursos disponibles en bien de la ciudadanía.
Repiten. Todos los años se repiten los mismos problemas de ejecución, que se traduce en recursos no aprovechados.
Exviceministro de Administración Financiera