Vecinos que están en contra del proyecto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que implica la construcción de dos viaductos, que afectarán 1,6 hectáreas del Jardín Botánico, cuestionan que la denuncia sobre dicha obra no haya sido derivada a la Unidad de Delitos Económicos. Si bien el Ministerio Público resolvió abrir una investigación penal por la presunta maniobra en la licitación, la causa fue enviada a una unidad barrial de Sajonia y no a la especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. Esta situación despertó cuestionamientos de vecinos del barrio Santísima Trinidad, preocupados por lo que aparentemente será un nuevo negociado.
Acorde al acta N° 184/19 del 6 de febrero de 2019, a instancia del concejal Augusto Wagner se incluyó en el orden del día de la Junta Municipal capitalina la modificación de la ordenanza N° 81/98 que establece el plan maestro del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción. La idea es afectar parte del predio municipal para la construcción del viaducto de Primer Presidente. Finalmente, la propuesta fue remitida a la comisión de legislación.
Vecinos del barrio Trinidad y alrededores prevén judicializar el proyecto del MOPC de construcción de dos viaductos en la zona del Botánico, que afectará a 1,6 hectáreas y 300 árboles. A pedido de los vecinos, Arquitectura de la UNA producirá un dictamen sobre el caso.
El presidente de la Junta Municipal de Asunción, Óscar Rodríguez, dijo ayer que la construcción de los viaductos en la zona del Botánico comenzaría dentro de dos meses, tras una reunión con el ministro Wiens.
La invasión del Jardín Botánico para construir el viaducto degradará un patrimonio natural cultural y paisajístico de Asunción. Además afectará 1,6 hectáreas de reserva natural protegida por ley. De los 164 árboles a eliminar 84 son especies nativas.
Dos pedidos para que no se permita el inicio de las obras que afectarán al Jardín Botánico serán tratados hoy en la Junta Municipal de Asunción. Concejales de la bancada del PDP alegan que se incurriría en un daño patrimonial y que el gobierno municipal se expone a que lo procesen.