La Contraloría espera que en breve la Corte le corra traslado de la acción de certeza constitucional planteada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para excluir los dictámenes del ente auditor de todos los llamados a licitación, vía alianza público-privada (APP). Fuentes de la Corte confirmaron que ese traslado, por pedido de la Fiscalía, se hará en breve.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de rechazar el pronunciamiento solicitado por el intendente de Ñemby respecto a la titularidad del cerro Ñemby, trajo nuevamente al tapete la discusión sobre la legalidad de la acción de certeza constitucional. Esta figura, cuya concesión constituye una de las causales de juicio político al ministro Sindulfo Blanco por un lado, y por otro, fue el subterfugio utilizado por el ministro de Hacienda para endeudar al país con bonos pese a la negativa del Congreso, “es inexistente”, según la ministra Gladys Bareiro.
En su momento, el presidente del Congreso Nacional Luis González Macchi utilizó la certeza constitucional para llegar a la presidencia de la República en marzo de 1999, sin ser elegido para ello, tras el magnicidio del vicepresidente Luis María Argaña y la renuncia del entonces mandatario, Raúl Cubas Grau.
El Frente Guasu no descarta recurrir a la Corte Suprema de Justicia con una acción de certeza constitucional a fin de habilitar la candidatura presidencial del senador Fernando Lugo para el 2018, indicó ayer Marcos Fariña, apoderado legal del exobispo. El abogado señaló que “es factible” que recurran a esa acción en caso que en el Congreso no salga la enmienda constitucional. Insistió en la postura de que para ellos Lugo ya está habilitado.
La ministra de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Gladys Bareiro de Módica echa por tierra los argumentos esgrimidos por sus colegas Antonio Fretes, Miryam Peña y José Raúl Torres Kirmser para otorgar la “certeza constitucional” requerida por el ministro de Hacienda a fin de emitir bonos sin autorización del Congreso, al afirmar que la invocada figura jurídica es inexistente.
A través de la declaración de certeza constitucional, cuatro ministros fueron declarados inamovibles hasta cumplir los 75 años, edad límite para ejercer un cargo judicial.