El secretario general de la OEA, Luis Almagro, habrá visto con satisfacción el rotundo triunfo de la oposición antichavista en las elecciones parlamentarias del 6D en Venezuela. La victoria se logró pese al ventajismo perpetrado por el gobierno chavista y convalidado por las autoridades electorales durante la campaña electoral. En sus cartas abiertas a la presidenta del Consejo Nacional Electoral y al presidente Maduro, Almagro había señalado su preocupación por el uso de recursos del Estado, las inhabilitaciones, violencia e intimidación contra los líderes de la oposición, los impedimentos para su acceso a los medios, así como la ausencia de observación electoral internacional. También advirtió al chavismo no distorsionar los resultados. Su voz armonizó con la de expresidentes y la de algunos gobiernos de la región.
Luis Almagro, el nuevo secretario general de la OEA, tiene el desafío estratégico de cómo revitalizar a la organización continental, cuya credibilidad y relevancia han sido cuestionadas por el manejo desprolijo de sus recursos y por su débil actuación en defensa de la democracia en estados miembros con franco deterioro de su institucionalidad democrática. Ocho por lo menos son los retos:
La Unasur recientemente rechazó el decreto del presidente Obama (9 de marzo, 2015) que declara a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a su política exterior..,” por ser “una amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no-intervención en los asuntos internos” venezolanos. Pero no condenan el intervencionismo que ejerce Venezuela y sus aliados en países latinoamericanos.
(Especial Infolatam). Varios expresidentes y personalidades de las Américas han expresado su preocupación por la crisis venezolana, así como su asombro por el silencio y/o la inacción de la comunidad democrática interamericana, en particular, de sus organismos multilaterales que tienen por misión la defensa y promoción colectiva de la democracia, como Unasur y la OEA. La oposición política al régimen chavista clama también la “intervención” de dichos organismos para mediar una solución política a la crisis.
Los gobiernos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela (“alianza chavista”) se opusieron a que el Consejo Permanente de la OEA (CP/OEA) analice la posibilidad de convocar una reunión de Consulta de Cancilleres del hemisferio para examinar la crisis que sacude a la democracia venezolana, tal como lo permite la Carta de la OEA y como lo propuso el Gobierno de Panamá, el único país con el coraje para hacerlo.
El presidente Maduro, acorralado por la debacle económica que tiene encima y por las protestas estudiantiles, busca chivos expiatorios para ocultar la realidad. Viejo truco que no engaña a nadie. Así lo vemos culpando de esos hechos a la “oligarquía” o “la burguesía”, a los “inescrupulosos y acaparadores” industriales y comerciantes venezolanos, a los “fascistas” conspiradores y golpistas de la oposición; y en el frente externo, por supuesto, le imputa al Gobierno de Estados Unidos financiar a la oposición y las manifestaciones y lo acusa de injerencia imperialista, expulsando a sus diplomáticos. A los gobiernos de Colombia, Chile y Panamá les imputa un indebido intervencionismo, cuando estos expresan su preocupación por la crisis que sacude a Venezuela.
Si es verdad que el régimen sirio de Bachar al Asad ha utilizado armas químicas (sarín) contra la oposición y su propia población el 21 de agosto pasado, resultando en la muerte de más de 1400 inocentes civiles, incluyendo unos 400 niños, ello representa un crimen de lesa humanidad, violatorio de normas internacionales (Protocolo de Ginebra de 1925 y Convención sobre armas químicas de 1993). Los inspectores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) seguramente confirmarán el hecho, pero no tienen mandato para determinar quién utilizó tales armas. El gobierno norteamericano, por su parte, no tiene dudas sobre el hecho (como en Irak) ni tampoco de que el responsable es el dictador sirio.