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Similares acusaciones han hecho sus aliados de rigor, los gobiernos de Argentina, Bolivia, Nicaragua y Ecuador. Por otro lado, algo más mesurados, organismos regionales como la Unasur, Mercosur , la Celac, y el secretario general de la OEA, han expresado su preocupación por la violencia desatada y han hecho un llamado por el diálogo y la paz. Pero estos pronunciamientos distribuyen responsabilidades por igual cuando en realidad el verdadero responsable de la crisis económica, de la violencia y de la ingobernabilidad por la que atraviesa Venezuela es el gobierno de Maduro, con su incapacidad para gobernar en democracia. Se observa así una suerte de complicidad tácita con el régimen chavista, ya sea por ceguera ideológica, intereses petrocomerciales, antinorteamericanismo anacrónico, o por miedo a ser pintado como lacayo del imperialismo.
No se entiende esta complicidad, porque en realidad las manifestaciones estudiantiles y ahora barricadas populares (nada de oligarquía aquí) contra el gobierno no han sido para derrocarlo sino para que revierta su desastrosa política económica, demagógica-populista-electoralista, y su estilo de gobernanza autoritario, represivo y excluyente. Las demostraciones en las calles y en la web son contra la escasez de alimentos, medicinas, hasta de gasolina (¡¡), la inflación de 50% al año, el desperdicio de los petrodólares, la inseguridad (24.000 homicidios al año), el desempleo de los jóvenes, la impunidad y falta de justicia; contra las violaciones a los derechos humanos (persecución política, encarcelamiento ilegal, torturas), contra la injerencia cubana y contra las transgresiones a los más fundamentales valores, prácticas e instituciones democráticas, como la libertad de prensa, la separación e independencia de poderes, el acceso a la información, la corrupción gubernamental, entre otros.
A pesar de esto, gobiernos como los de Argentina, Bolivia y Nicaragua piden que se respete la voluntad popular expresada en las urnas, como si democracia fuese solo elecciones, y no hubiese derecho a la libertad de expresión, a protestar y oponerse a un gobierno que ni siquiera tiene legitimidad de origen porque fue electo en elecciones fraudulentas, y peor todavía, que no gobierna democráticamente, violando su propia constitución y compromisos internacionales como la Carta Democrática Interamericana, instrumento firmado en 2001 por todos los estados del hemisferio para la defensa colectiva de la democracia. Todo esto lo ignoran los aliados chavistas. No entienden que un triunfo electoral no da derechos para reprimir y perseguir a los opositores o a la prensa independiente y violentar las instituciones republicanas y democráticas. A la democracia hay que defenderla en su totalidad, no solo en su expresión electoral.
La oposición no debería participar en la conferencia “por la paz” que ha convocado Maduro, al menos que hubiese una observación internacional y una posible facilitación del diálogo por un organismo como la OEA o Unasur en el marco de la Carta Democrática Interamericana. También Panamá ha propuesto una reunión de Consulta de Cancilleres del hemisferio, en el marco de la OEA, para tratar la situación de Venezuela. Si la propuesta tiene mayoría y es aceptada, los estados miembros deberían exigir al gobierno de Maduro que invite a la OEA a observar el proceso de diálogo.
* Profesor de la George Washington University