El “intervencionismo” de la OEA en Venezuela

Los gobiernos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela (“alianza chavista”) se opusieron a que el Consejo Permanente de la OEA (CP/OEA) analice la posibilidad de convocar una reunión de Consulta de Cancilleres del hemisferio para examinar la crisis que sacude a la democracia venezolana, tal como lo permite la Carta de la OEA y como lo propuso el Gobierno de Panamá, el único país con el coraje para hacerlo.

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Maduro no pudo evitar que la reunión del CP/OEA se realizase el pasado 6-7 de marzo, y hasta rompió relaciones con Panamá por convocarla; pero consiguió, con el apoyo de una mayoría de los Estados Miembros conformada por la “alianza chavista” y los países del Caribe dependientes de su dádiva petrolera, que la reunión fuese a puertas cerradas y que se rechazase el “intervencionismo” de la OEA.

El Gobierno venezolano había rechazado el “intervencionismo” de la OEA por ser parte de una supuesta conspiración del “imperio” y sus lacayos internos para derrocarlo. Además, Maduro y sus aliados buscaron marginar a la OEA porque sabían que en su seno, con la presencia de Canadá, Estados Unidos, México y Panamá, no podrían conseguir consenso para absolver a su inepto y corrupto Gobierno de toda responsabilidad por la crisis.

El principio de la no-intervención, consagrado en 1948 en la Carta OEA, fue un logro histórico, diplomático-jurídico de los países latinoamericanos contra el intervencionismo europeo del siglo XIX y del norteamericano en la primera mitad del siglo XX. Ello no previno, sin embargo, que en el marco de la Guerra Fría tanto Estados Unidos como la alianza castro-chino-soviética, que pretendía imponer el comunismo en la región, interviniesen en varios países del Hemisferio.

Con el colapso de la Unión Soviética (1989) y el triunfo de la democracia y de la economía de mercado sobre el totalitarismo comunista, los Estados americanos se comprometieron, con reformas en la Carta de la OEA y luego con la Carta Democrática Inter-Americana (CDIA), a promover y defender colectivamente la democracia representativa. El ejercicio de la democracia se convirtió en el valor principal del Hemisferio, así como en un derecho de los pueblos y una obligación de los gobiernos. Su vigencia pasó a ser del interés de todos los países, y cualquier amenaza a ella, provenga de la sociedad o del Gobierno, pasó a ser una amenaza contra todas las democracias de la región. Así, actuar colectivamente por medio de la OEA para proteger los derechos humanos y garantizar la vigencia de las instituciones democráticas dejó de ser injerencia en los asuntos internos de un Estado miembro.

Por otra parte, lo que es “intervención” para unos es salvación para otros. Los aliados chavistas invocan el principio de no-intervención para proteger a gobiernos electos (inclusive con fraude), aunque estos violen los derechos humanos, las libertades públicas y la independencia de los poderes, apresen y torturen manifestantes y opositores, y persigan la prensa independiente –con total impunidad. Sin embargo, para los estudiantes, ciudadanos y políticos venezolanos que se oponen y protestan contra la tiranía gubernamental, la escasez, la inflación (54%), la devaluación y la inseguridad; la “intervención” de la comunidad internacional representa la protección de sus derechos y libertades, y por eso piden su presencia y pronunciamiento, incluyendo la activación de la CDIA. Para ellos el verdadero “intervencionismo” proviene de los castristas que “asesoran” los servicios de inteligencia del Estado, el registro civil y su política exterior, así como de la “alianza chavista” que defiende al gobierno de Maduro. Es de recordar que en la década de los setenta, el “intervencionismo” de la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos de la OEA en Argentina salvó la vida de numerosos detenidos por el régimen militar y expuso al mundo el terrorismo de estado que ejercía.

El “intervencionismo” de la OEA que pretendían Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Perú, Panamá, Paraguay y otros, consistía simplemente en que se analizara la situación venezolana y se permitiera una misión diplomática de “buenos oficios”, para darle seguimiento a la crisis y al “diálogo” iniciado por Maduro, y eventualmente para facilitar las negociaciones entre la oposición y el Gobierno. Pero el CP/OEA aprobó a puerta cerrada, y no por consenso, una Declaración inocua que libera a Maduro de toda responsabilidad por la crisis política, la persecución de los medios, el encarcelamiento de la oposición, la violencia y las muertes (más de 20). En ella declara el “respeto al principio de no-intervención y el compromiso con la defensa de la institucionalidad democrática y del estado de derecho; rechaza “toda forma de violencia e intolerancia, y hace un llamado a todos los sectores a la tranquilidad y al respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales...”; y reconoce, respalda y alienta “las iniciativas... del Gobierno democráticamente electo de Venezuela y de todos los sectores políticos, económicos y sociales para que continúen avanzando en el proceso de diálogo nacional”.

La Declaración refleja, en realidad, un retroceso en el compromiso interamericano con la promoción y defensa colectiva de la democracia expresado en los 90, así como la falta de consenso para permitir que la OEA cumpla su mandato, paralizándola, en efecto. Por otro lado, irónicamente, esto le demuestra a Maduro que la OEA no está dominada por el poder hegemónico del “imperio” ni sus “lacayos”, y le permite, también irónicamente, clamar una “victoria latinoamericana” en un escenario que descalificaba soezmente.

*Profesor de Georgetown University

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