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La declaración probablemente incluirá conocidas preocupaciones de los gobiernos de los Estados Miembros sobre los desafíos hemisféricos en materia de pobreza, exclusión y vulnerabilidad social, desocupación, inequidad social, inseguridad ciudadana, escaso acceso a los servicios de educación, salud y justicia, entre otros. También instará a los miembros a fortalecer sus esfuerzos internos y de cooperación solidaria para ejecutar políticas públicas que erradiquen o disminuyan esos déficits sociales en sus respectivas democracias –que además limitan y retardan la expansión del mercado y el consumo, así como el desarrollo socioeconómico. En buena hora por esta preocupación humanista/progresista de los gobiernos de las Américas.
La pregunta es, sin embargo, si el cónclave hemisférico también analizará y recomendará las políticas económicas que se deben aplicar para generar el crecimiento económico y los recursos que se necesitan para cubrir y sustentar los altos costos de las políticas públicas destinadas a reducir la pobreza y la exclusión e inequidad social. ¿Será que los cancilleres podrán reconocer y acordar que para ello se requieren políticas económicas racionales y probadas que promuevan la libertad de mercado, de comercio y cambio de divisas, garanticen la competitividad, transparencia y probidad en las transacciones económica (por lo menos de aquellas con el Estado), e incentiven el ahorro, las inversiones y la innovación tecnológica? Hasta el estado comunista chino ha adoptado este camino en su impresionante crecimiento económico, al igual que la democracia chilena, colombiana, mexicana, peruana, panameña, paraguaya y uruguaya. ¿Y quién dice que en estas democracias no hay preocupación por la inclusión social? Con todos sus defectos, la economía capitalista de mercado es todavía la más eficiente y efectiva para generar y distribuir riqueza. Por supuesto que también es necesario regularla con normas claras y predecibles, para asegurar un crecimiento estable con justicia social.
¿Será que podrán admitir que no se logra generar crecimiento económico y riqueza estatal de manera sostenida con un estatismo monopólico, nacionalista y paralizante de la iniciativa privada, con todo tipo de controles al cambio de divisas, al comercio exterior y la inversión; con déficit fiscal, impresión monetaria e inflación galopante, y con manipulación de las estadísticas, entre otros? Este modelo lo han utilizado, en mayor o menor medida, los gobiernos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, para implantar y sostener proyectos de inclusión social. Pero en realidad son proyectos populistas en que los gobiernos “progresistas” usan el modelo estatista-distributivo para generar una mayoría electoral estado-dependiente que los sostiene con victorias electorales periódicas. Este clientelismo le permite al gobierno mantenerse en el poder indefinidamente. Además este usa su mayoría electoral para controlar el poder legislativo, judicial y fiscalizador, manipular las leyes electorales y/o modificar la constitución para asegurar la continuidad de su mayoría legislativa y permitir la reelección indefinida de su líder principal.
En control de casi todos las instituciones y recursos del Estado, el Gobierno violenta el orden democrático que le dio nacimiento y lo convierte en un régimen autoritario-populista. Este ignora la transparencia, la probidad y la rendición de cuentas, desconoce la separación e independencia de poderes, demoniza, descalifica y persigue a la oposición y la prensa libre, violentando su propia constitución y sus compromisos internacionales de defensa de la democracia y observancia de los derechos humanos.
Quizás las Américas se beneficiarían de un debate franco en la OEA sobre cómo aplicar probadas políticas económicas de libre mercado para otorgarle sostenibilidad económica a políticas progresistas de inclusión y justicia social. Pero así de importante también es el gran desafío de cómo lograr sociedades cada vez más incluyentes y justas en el marco de la gobernanza democrática, o sea, del respeto por las instituciones, los valores y las prácticas fundamentales de la democracia liberal, tal como se comprometieron sus Estados Miembros en la Carta Democrática Interamericana de 2001. De esta manera sus preocupaciones y declaraciones sobre inclusión social serían más realistas y novedosas, y tendrían mucha más credibilidad.
(*) Profesor de las Universidades de Georgetown y George Washington.