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Para Obama, la amenaza a su país resulta de la violación de derechos humanos, los ataques a la prensa, las detenciones arbitrarias de opositores y la corrupción gubernamental en Venezuela, y por ello procede a prohibir visas y congelar bienes de los responsables –en su mayoría militares a cargo de servicios de seguridad e inteligencia–. Sin bien parece exagerada, la medida sirve para proceder legalmente contra actividades de narcotráfico y lavado de dinero que manejan esos individuos y otros cercanos al régimen chavista –la verdadera amenaza que el gobierno de Obama percibe y de la cual tiene derecho a protegerse–. Pero también alimenta el relato antinorteamericano de los presidentes Correa, Kirchner, Morales, Ortega y del propio Maduro que lo usa para tapar la crisis terminal de su país y para obtener superpoderes que le permiten coartar más libertades y derechos de los venezolanos.
Sin embargo, no parece injerencista expresarse en contra de las violaciones a los derechos humanos y sancionar a individuos transgresores en un continente donde la democracia y el respeto a los derechos humanos hoy día son valores comunes y supremos, cristalizados en la Carta Democrática Interamericana (CDIA) y en la Convención Americana de Derechos Humanos. Allí los Estados del hemisferio se han comprometido a su promoción y defensa colectiva. O sea, la “intervención” colectiva a favor de la democracia y los derechos humanos ha dejado de ser injerencia en los asuntos internos de un país americano. Pero si el multilateralismo falla, se abre la puerta al unilateralismo.
Por otra parte, lo que es “intervención” para unos es salvación para otros. Los estudiantes, ciudadanos y políticos venezolanos que protestan contra el encarcelamiento ilegal de sus líderes, la inseguridad ciudadana, la escasez y la inflación piden la “intervención” internacional y la aplicación de la CDIA. Para ellos el verdadero intervencionismo proviene de los cubanos que “asesoran” (¿controlan?) los servicios de inteligencia, y de la “alianza chavista” (Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Nicaragua) que defiende a Maduro y veta un debate público sobre la crisis venezolana.
Los aliados chavistas abusan del principio de no-intervención para proteger a gobiernos afines “progresistas” que, aunque electos democráticamente gobiernan autoritariamente, violentando las instituciones de la democracia republicana. Pero ignoran el principio e intervienen para defender esos gobiernos cuando la oposición a éstos resiste su autoritarismo. Por ejemplo, Chávez y Maduro apoyaron abiertamente al Presidente Zelaya en Honduras (2009) en su intento de cambiar ilegalmente la Constitución para reelegirse, y luego intervinieron en Paraguay (2012) para detener el juicio político contra el presidente Lugo, llegando al extremo de suspender al país, ilegalmente, de Mercosur y Unasur.
¿Y no es intervencionismo cuando Chávez se inmiscuyó en la crisis política de 2008 y las elecciones de 2009 en Bolivia a favor de Morales? O cuando envió dinero a Argentina para apoyar la campaña de Cristina Kirchner (2011). O cuando apoyó militar y logísticamente a la guerrilla colombiana. O cuando rompió relaciones con Panamá porque este país pretendió abrir un debate sobre la situación de Venezuela en la OEA (2014) ¿Y la injerencia de Lula en Bolivia y la de los Kirchner en Uruguay? Claro, el relato no-injerencista solo destaca la historia del intervencionismo norteamericano (innegable), pero ignora su propio intervencionismo y el de las guerrillas castro-comunistas de las décadas del 60 y 70 en varios países de las Américas.
Es hora de “aggiornarse” y de terminar con el anacronismo antiintervencionista aplicado sólo a Estados Unidos, y es tiempo de aceptar que es inevitable cierto “intervencionismo” de todos, porque vivimos en un hemisferio cada vez más interdependiente, donde la mayoría de los problemas-desafíos son inter-mésticos (parte domésticos y parte internacionales). Por ello es ingenuo pretender excluir a Estados Unidos o que se desentienda de lo que ocurre con sus vecinos, particularmente en caso de amenazas a la democracia y la seguridad continental.
Por otro lado, es también obsoleto e inútil usar el no-intervencionismo para encubrir las violaciones a los derechos humanos y a las instituciones democráticas perpetradas por gobiernos ideológicamente obtusos, incompetentes y corruptos.
Los derechos humanos y la democracia ya no son temas estrictamente domésticos. Son de interés hemisférico, nos debe preocupar a todos y nadie debe callar o ignorar sus violaciones.
política@abc.com.py
(*) Profesor de George Washington University