Cirilo Ibarra - Félix Flor Merzario

La medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia, suspendiendo el Art. 12 de la Ley 3.966/2010, impide que se actúe contra la usurpación de las rutas por la empresa Sertran y varios municipios.

La Contraloría General de la República intimó al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a impulsar todas las acciones que considere pertinentes a fin de precautelar sus intereses.

La Corte Suprema de Justicia y la Cámara de Diputados encabezan la complicidad de los poderes del Estado con los negociados de las "fotomultas" en las rutas del país.

El defensor del Pueblo, Manuel Páez Monges, sostiene que los intendentes que firmaron acuerdo con la empresa Sertran, para los controles en las rutas, tienen doble discurso.

El delito tipificado como falsedad ideológica podría traducirse en una condena efectiva de 6 años de cárcel para el intendente que montó un "negociado" con la empresa Sertran en la Argentina.

Un fiscal de la ciudad argentina de Córdoba imputó al intendente de la Estación de General Paz, al juez de Faltas de la localidad de Salsipuedes y al dueño de Sertran por presunta asociación ilícita, falsedad ideológica y exacciones ilegales.

La empresa Sertran se pega el lujo de tener protección policial para realizar los controles de tránsito en el Acceso Sur, en Ñemby. En menos de un año y medio ya recaudó más de 3.

El intendente de Ñemby, Héctor Lucio Lesme (PLRA), firmó el convenio con la empresa Sertran para detección de infracciones en el tránsito a través de las cámaras fotográficas el 29 de octubre de 2008 en forma directa.