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Otros estamentos, como la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Obras Públicas, permanecen indiferentes.La "fabricación" de infracciones, a través de las "fotomultas" captadas por la empresa Sertran Paraguay en las rutas nacionales e internacionales de nuestro país, se fortalece ante la inacción de varios estamentos gubernamentales y hasta la complicidad de los poderes del Estado.
Asimismo, se prolongan las transgresiones de leyes por las municipalidades, en la presunta asociación ilícita de intendentes y concejales con los directivos y apoderados de la empresa concesionaria de los "servicios de controles de tránsito a través del sistema electrónico".
Hace más de un mes que el titular de la Fiscalía General del Estado, Rubén Candia Amarilla, opinó en el caso de inconstitucionalidad planteada por las municipalidades de Ypacaraí, Ñemby, Coronel Oviedo y Hernandarias sobre el Art. 12 de la nueva Ley 3966/2010 "Orgánica Municipal". Esta normativa es la que prohíbe a las comunas a realizar controles en las rutas nacionales e internacionales, porque son facultades de organismos dependientes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
La Fiscalía considera que las municipalidades son autónomas y pueden hacer lo que quieren.
Sin embargo, hasta el momento los miembros de la Corte Suprema de Justicia Oscar Miguel Bajac, Víctor Núñez y Antonio Fretes no se expidieron al respecto. Contrariamente, cuando tuvieron el pedido de suspensión de los efectos de ese artículo, rápidamente actuaron otorgando la medida cautelar de suspensión del referido capítulo.
Los magistrados cajonearon el tema y se incrementan las recaudaciones por las multas, que benefician mayoritariamente a la empresa Sertran Paraguay, cuyo mentor es Petronio Muñoz y luego se integró a la misma Raúl Meza, ambos amigos del presidente de la República, Fernando Lugo.
Diputados
El otro poder del Estado cómplice es el Parlamento. La Cámara de Diputados está al tanto de los irregulares contratos firmados por los intendentes Raúl Fernando Negrette (Ypacaraí), Héctor Lucio Lesme (Ñemby), Jorge Morales (Coronel Oviedo) y Carmen Alvarez (Hernandarias) con la firma Sertran. En los primeros meses de este año, la Cámara de Diputados solicitó informe a la Comuna de Ñemby sobre los acuerdos firmados con la empresa Sertran.
Recibió los documentos, en los que las autoridades de dicho municipio se delataron claramente que violaron varias normas legales para la implementación de los controles. Sin embargo, los diputados no hicieron nada. "El expediente habrá quedado en el cajón del ex presidente de la Cámara Baja Ariel Oviedo (Unace)", manifestó Arnaldo Fernández. Esta persona mostró interés en el caso, porque es una de las que fueron notificadas para pagar la multa, "por una infracción que nunca cometí", según expresó.
Luego sigue la inacción de otros estamentos del Gobierno, como la Contraloría General de la República que, según versiones, no actúa porque el contralor Gustavo Airaldi es del mismo partido de quienes se benefician de las recaudaciones por las multas, el PLRA.
Igualmente está en la lista la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. El anterior director, Max Rejalaga, dio su veredicto saliendo en favor de los transgresores de la Ley N°. 2051/03 "De Contrataciones Públicas". La empresa Sertran fue contratada en forma directa, pero cuando se percataron de que violaron la referida ley, los intendentes amañaron una licitación a la medida de la empresa.
Hoy la esperanza de las víctimas de las presuntas infracciones se cifra en el nuevo director de Contrataciones, Jorge Zárate Leiva, quien podría dictaminar la nulidad de los contratos.
Finalmente se destaca la inacción de la Defensoría del Pueblo, aunque la semana pasada el doctor Manuel Páez Monges manifestó que se ocupará del caso y tratará de defender a los ciudadanos que desde hace un año piden que sean defendidos ante el atropello de los intendentes y Sertran.
Asimismo, se prolongan las transgresiones de leyes por las municipalidades, en la presunta asociación ilícita de intendentes y concejales con los directivos y apoderados de la empresa concesionaria de los "servicios de controles de tránsito a través del sistema electrónico".
Hace más de un mes que el titular de la Fiscalía General del Estado, Rubén Candia Amarilla, opinó en el caso de inconstitucionalidad planteada por las municipalidades de Ypacaraí, Ñemby, Coronel Oviedo y Hernandarias sobre el Art. 12 de la nueva Ley 3966/2010 "Orgánica Municipal". Esta normativa es la que prohíbe a las comunas a realizar controles en las rutas nacionales e internacionales, porque son facultades de organismos dependientes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
La Fiscalía considera que las municipalidades son autónomas y pueden hacer lo que quieren.
Sin embargo, hasta el momento los miembros de la Corte Suprema de Justicia Oscar Miguel Bajac, Víctor Núñez y Antonio Fretes no se expidieron al respecto. Contrariamente, cuando tuvieron el pedido de suspensión de los efectos de ese artículo, rápidamente actuaron otorgando la medida cautelar de suspensión del referido capítulo.
Los magistrados cajonearon el tema y se incrementan las recaudaciones por las multas, que benefician mayoritariamente a la empresa Sertran Paraguay, cuyo mentor es Petronio Muñoz y luego se integró a la misma Raúl Meza, ambos amigos del presidente de la República, Fernando Lugo.
Diputados
El otro poder del Estado cómplice es el Parlamento. La Cámara de Diputados está al tanto de los irregulares contratos firmados por los intendentes Raúl Fernando Negrette (Ypacaraí), Héctor Lucio Lesme (Ñemby), Jorge Morales (Coronel Oviedo) y Carmen Alvarez (Hernandarias) con la firma Sertran. En los primeros meses de este año, la Cámara de Diputados solicitó informe a la Comuna de Ñemby sobre los acuerdos firmados con la empresa Sertran.
Recibió los documentos, en los que las autoridades de dicho municipio se delataron claramente que violaron varias normas legales para la implementación de los controles. Sin embargo, los diputados no hicieron nada. "El expediente habrá quedado en el cajón del ex presidente de la Cámara Baja Ariel Oviedo (Unace)", manifestó Arnaldo Fernández. Esta persona mostró interés en el caso, porque es una de las que fueron notificadas para pagar la multa, "por una infracción que nunca cometí", según expresó.
Luego sigue la inacción de otros estamentos del Gobierno, como la Contraloría General de la República que, según versiones, no actúa porque el contralor Gustavo Airaldi es del mismo partido de quienes se benefician de las recaudaciones por las multas, el PLRA.
Igualmente está en la lista la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. El anterior director, Max Rejalaga, dio su veredicto saliendo en favor de los transgresores de la Ley N°. 2051/03 "De Contrataciones Públicas". La empresa Sertran fue contratada en forma directa, pero cuando se percataron de que violaron la referida ley, los intendentes amañaron una licitación a la medida de la empresa.
Hoy la esperanza de las víctimas de las presuntas infracciones se cifra en el nuevo director de Contrataciones, Jorge Zárate Leiva, quien podría dictaminar la nulidad de los contratos.
Finalmente se destaca la inacción de la Defensoría del Pueblo, aunque la semana pasada el doctor Manuel Páez Monges manifestó que se ocupará del caso y tratará de defender a los ciudadanos que desde hace un año piden que sean defendidos ante el atropello de los intendentes y Sertran.