Después de semanas de suspensión del estudio de ofertas para la APP del aeropuerto, hoy podría desintegrarse el comité de evaluación, con la renuncia de uno o varios miembros, disconformes con la parcialidad manifiesta mostrada por los representantes del Ministerio de Obras Públicas en este proceso, quienes insisten en mantener en carrera al oferente Sacyr, con antecedentes de incumplimiento que violan la Ley de APP.
El canciller nacional, Eladio Loizaga, manifestó ayer que la modificación a la Ley de Alianza Pública (APP) “toca el corazón del proyecto” y “transmite una falta de estabilidad en cuanto a la previsibilidad jurídica para las inversiones”. En este mismo tenor ya se había manifestado el ministro de Relaciones Exteriores a periodistas en la Cancillería esta semana, cuando dijo que este debate sobre la ley le hace mal al Paraguay porque está en juego su credibilidad y estabilidad jurídica. “El inversor quiere reglas claras y no se puede estar cambiando a mitad de carrera las cosas”, remarcó.
Campesinos y militantes de izquierda levantaron ayer sus carpas instaladas frente al Congreso y los cortes de rutas en el interior del país, tras 12 días de movilizaciones, luego de que el Senado modificara la Ley de Alianza Pública Privada (APP). No obstante, advierten que volverán a salir a las calles “con más fuerza” cuando la propuesta sea tratada en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo de la ANR tiene mayoría y anunció el rechazo.
“Saqueo y abuso - La ley de APP de Cartes”, se denomina el libro escrito por los ingenieros Ricardo y Mercedes Canese, en el cual se abordan los alcances de la nueva legislación que contempla la participación del capital privado en obras y servicios públicos. El material será presentado esta noche, a las 19:00, en el Centro Cultural El Cabildo. Los autores señalan que se trata de un libro “que tiene una postura, porque creemos que en estos casos uno debe tener una postura y en este caso, para nosotros, decir no a la APP”.
La cúpula del PLRA, presidida por Miguel Abdón Saguier, recibió ayer el pedido de expulsión a los 15 diputados que desoyeron el mandato de rechazar la ley de alianza pública-privada (APP), cuya versión final califican de inconstitucional y atentatoria a los intereses públicos. No obstante, la última palabra la tendrá la convención, que podría realizarse a fin de mes o inicios de diciembre.
Cooprose culpa al Estado de que no funcione su industria de procesamiento de sésamo, situado en San Pedro. Tras recibir casi dos millones de dólares no reembolsables de parte del MAG, de los fondos de Itaipú, dicho gremio esperaba recibir el tercer millón de dólares no reembolsables, pero ahora busca alianza para la reactivación.