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A finales de mayo pasado, el Senado modificó la Ley de APP, “gracias” a 29 votos (de 45) contra 12. El cambio consistió en eliminar el Art. 52, que impide al Congreso rechazar o aceptar un contrato de asociación entre el Ejecutivo y el sector privado. La modificación pasa ahora a la Cámara de Diputados.
La “corrección” se logró con votos de 12 de los 15 disidentes colorados; seis de los 13 liberales y 11 integrantes de la multibancada opositora (Frente Guasu, PDP, Avanza País y Encuentro Nacional). La propuesta fue de los senadores colorados Enrique Bacchetta y Silvio Ovelar; Desirée Masi y Pedro Santa Cruz, del PDP, y Eduardo Petta, del Encuentro Nacional.
Los proyectistas afirman que el Congreso “necesita recuperar” su facultad constitucional de prestar el acuerdo a una asociación realizada entre el Ejecutivo y el sector privado.
Sin embargo, exponentes del Ejecutivo nacional aseguran que se trata de una burda maniobra política, cuyo origen se encuentra en las actuales internas coloradas, en posiciones ideológicas arcaicas y, sobre todo, a la intención de la mayoría de los senadores de establecer un “costosísimo peaje” para extorsionar a potenciales inversionistas y al propio Poder Ejecutivo, que para cada caso tendrá que hacer el tristemente célebre “lobby parlamentario”, en que temen ser exigidos a pagar algún soborno a los congresistas.
Precisamente, por el temor de que este tipo de sistemas se convierta en un elemento extorsivo y de “festín” para los políticos, en prácticamente todos los países del mundo donde rigen legislaciones similares no se requiere la autorización o aprobación parlamentaria para la firma de los contratos de APP.
De acuerdo a datos del Banco Mundial, sucede lo mismo en todo el continente sudamericano. Para no ir tan lejos, por ejemplo, en Uruguay, Chile, Colombia y Brasil, el contrato de asociación o alianza público-privada no requiere la participación del Congreso. Ahora solo se espera que Diputados revierta la grave situación generada.