Mediados de la década del ´50 e inicios del 60 los indígenas aché eran cazados como animales en el monte que ocupaban, que era una franja desplazada en departamentos de Canindeyú, Caaguazú y Caazapá. Allí vivían de los frutos de la tierra, hasta que llegaron los terratenientes alentados por la dictadura stronista. Incursionaron en su territorio, mataron a los guerreros, esclavizaron a las mujeres y sus hijos eran secuestrados y vendidos en las ciudades. Hoy están en cuatro comunidades. Son trabajadores, solidarios y jamás van a permitir que su gente mendigue en las calles.
Una comitiva fiscal-policial pudo desalojar el jueves por la mañana a campesinos sintierras que ocupaban una propiedad de 4.600 hectáreas perteneciente a los nativos de la parcialidad de Aché, en la comunidad Kuetuvy-Finca 470. Tres hectáreas de cultivos de marihuana fueron halladas en las inmediaciones. En la noche fueron atacados caballos de los policías que custodian el lugar.
COLONIA YVY PYTÃ II, Canindeyú (Alberto Núñez Barreto, corresponsal). Agentes policiales que desde el jueves se quedaron para resguardar la tierra de los indígenas aché (comunidad indígena Kuetuvyy) de donde fueron desalojadas familias de campesinos invasores, denunciaron que dos de sus caballos pertenecientes a la Agrupación Montada fueron atacados a tiros por desconocidos, quienes serían campesinos que ocupaban la propiedad, de unas 4.600 hectáreas.
Campesinos que estaban ocupando una finca de los indígenas de la parcialidad Aché fueron desalojados este jueves por la Policía y el fiscal de Curuguaty, Vicente Rodríguez Barreto.
YBY PYTÃ, Canindeyú (Alberto Núñez Barreto, corresponsal). Por cuarta vez, el fiscal de Curuguaty, Vicente Rodríguez Barreto, intentará desalojar a campesinos que ocupan las tierras pertenecientes a los Aché, individualizadas como finca 470, en la comunidad denominada Kuetuvy, en el municipio de Yby Pytã. El operativo será mañana.
Los aché denuncian que el diputado José “Pakova” Ledesma respalda a usurpadores de las tierras privadas que pertenecen a su comunidad, en Canindeyú. Según el representante de los aborígenes, abogado Eduardo Bernal Amarilla, el citado legislador favorece a “marihuaneros, rollotraficantes e invasores”, y de acuerdo con lo afirmado por el gerente del Indert, Carlos Soler, se trata de un “instigador profesional”.