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Nuevamente el diputado nacional por el departamento de San Pedro está en el centro de las críticas, tras haber visitado el lunes último a los invasores de la finca 470, propiedad de la comunidad indígena Aché Kuetuvy (distrito Yby Pytã, departamento de Canindeyú). Según el informe policial de la subcomisaría de la zona, el parlamentario instó a los “sintierras” a resistirse al desalojo.
Para el abogado Eduardo Bernal, lo lamentable no es solo la obstrucción de la Justicia por parte de un legis- lador, sino además, que una vez más se está perjudicando a la comunidad indígena históricamente violentada.
“Los aché sufrieron tanto durante la dictadura de Stroessner, porque de ahí se dio origen al genocidio indígena. En la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se está tratando el caso del genocidio aché, cuando eran cazados y vendidos como esclavos en pleno siglo XX. Posteriormente vino la negación de sus tierras, que conseguimos a través de un juicio de 15 años; en 2013 se logró la titulación a favor de la comunidad por ley de la nación, pese a que Fernando Lugo había vetado, gracias a la ratificación del Congreso y posterior promulgación de Federico Franco. Entonces, los aché sufren ancestralmente persecución y eso está vigente hasta hoy”, dijo el jurista.
Madera y marihuana
Según los datos, la razón real de la postergación del desalojo de los invasores es que de las 500 Ha. que estos han talado, unas 50 están cubiertas de plantación de marihuana, a punto de llegar al tiempo de cosecha y valuadas en aproximadamente G. 2.250 millones. “Pakova Ledesma está defendiendo ese sistema; él es protector de marihuaneros, invasores y traficantes de rollos. Lo que busca es sacar a los indígenas el sustento para que vivan hambreados del sistema político que quiere implementar en San Pedro y ahora también en Canindeyú”, aseveró Bernal.
De acuerdo con el expediente del caso aché, en 2013, luego de una visita de periodistas en el lugar, el indígena Bruno Chevugi que se desempeñaba como guardabosques fue asesinado con 16 balazos de escopeta, aparentemente por haber dirigido la comitiva que guiaba a los comunicadores. Posteriormente, después del desalojo que ya entonces se produjo, ingresó la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) al lugar y verificó 17 parcelas de plantación de marihuana. Hoy, el sitio está nuevamente invadido.
Instigador profesional
Nuestro diario conversó también con el gerente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Carlos Soler, exdiputado nacional que impulsó la ley a favor de los Aché. Respecto al incidente con Pakova Ledesma, señaló que se trata de un “instigador profesional”. “No es novedad escuchar que Pakova esté detrás de una invasión; si vamos a seguir su receta, vamos a borrar toda la Constitución. Se tiene que imponer el imperio de la ley o sino esto será un caos”, destacó Soler. Explicó que el Indert no tiene atribuciones en este caso por tratase de tierras privadas a nombre de los aché. No obstante, agregó que el Ministerio Público debería actuar de oficio ante este conflicto para garantizar el Estado de derecho en el país.