Conductores que fueron despedidos luego de que se cancelara el permiso de la empresa San Agustín reclaman que llevan varios días sin trabajar. Piden que a los 60 afectados se les devuelva sus puestos y se encadenaron frente a la Comisaría 7ª.
La aprobación de la “donación” de la firma San Agustín por el Gobierno de Horacio Cartes, hecho que representa una suerte de blanqueo del presunto caso de corrupción con tierras estatales, ya es un capítulo cerrado para el Poder Ejecutivo, según ratificó ayer el presidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, en Paraguarí.
El senador Jorge Oviedo Matto (Unace) insistió en negar ayer que la renuncia del último pago a la empresa San Agustín sea un intento de “blanqueo” y que incluso correspondía el cobro de la totalidad del dinero.
Tras participar de un encuentro en Fernando de la Mora, el presidente Horacio Cartes decidió hacerse del desentendido y callar cuando se le consultó ayer sobre el acuerdo entre su Gobierno con la empresa San Agustín para solucionar la polémica venta de tierras al Indert en medio de un acuerdo electoral entre el PLRA y el Unace a inicios de 2013.
La aceptación por parte del Gobierno a través del Indert de la supuesta “donación” de G. 12.000 millones de la firma San Agustín SA, ligada al senador Jorge Oviedo Matto, tiene el claro interés de blanquear el negociado libero-oviedista denunciado en su momento, y apunta a extinguir el proceso judicial abierto en esta causa, por el cual están imputadas varias personas.
Unas 400 familias afincadas en Tobatí crearon una colonia modelo denominada “Coronillo”, en parte de las tierras que fueron adquiridas por el Indert. Estas solicitan al ente que los ocupantes vip sean desalojados del lugar que ocupan en forma ilegal, al no ser sujetos de la reforma agraria.