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Por lo tanto, las tierras nunca pudieron ser adquiridas por el Indert para una supuesta reforma agraria.
Según los informes periciales presentados por la Fiscalía en la acusación, las tierras presentan una característica de “praderas naturales, con actitud pecuaria, no se observa alguna explotación relevante, excepto algunos hornos para la producción de materiales cerámicos. No se observan cultivos agrícolas, sí de subsistencia”. Agrega que además existe un “30 por ciento de áreas de suelo franco-arenoso clase III, cultivable de escasa productividad”.
El Ministerio Público además apuntó en la acusación que al momento de la compra, el valor fiscal de la finca totalizaba G. 1.817.917.200, que es lo que el Indert estaba obligado a pagar a la empresa San Agustín. Esto es en cumplimiento de la resolución número 1726/11, que declaró la colonización de hecho. “Si se toma en cuenta el último valor fiscal de los inmuebles, atendiendo el valor de los últimos 15 años, tal y como lo establece el artículo 8 de la Ley 622/60, el precio que estaba obligado a pagar el Indert y estaba obligado a aceptar el vendedor es incluso mucho menor”, agrega la acusación.
Sin embargo, el 21 de diciembre de 2012, por resolución número 6008/12, el entonces presidente del Indert, Luis Ortigoza, dejó sin efecto dicha resolución.
“Esto a su vez fue solicitado por Arnaldo Jara, en representación de San Agustín. Así logró evadir la obligación del vendedor de aceptar el precio del valor fiscal del inmueble”, agrega el Ministerio Público.
Como resultado, el patrimonio del Indert fue menoscabado en la suma de G. 58.476.380.850 más gastos de parcelación.
La acusación resalta que las tierras fueron adquiridas por vía de la excepción, mediante una resolución firmada por Ortigoza el 18 de febrero de 2013.
Sin embargo, el 21 de febrero de 2013, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas envió una nota al Indert, precisamente realizando observaciones, como la variación que sufrió el precio del inmueble en tan corto tiempo. Recomendó un buen estudio de los antecedentes dominiales para aclarar si se pueden adquirir suelos pocos aptos para la agricultura.
Todo esto fue ignorado por Ortigoza y los demás acusados, quienes autorizaron la compra.
Ahora, este feroz negociado se busca blanquear y se busca el acuerdo de la Fiscalía y el Poder Judicial.