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El presidente del Indert, Justo Cárdenas, negó ayer que la cuestionada aprobación del descuento del 20% en el precio de las tierras que la firma San Agustín vendió al Estado paraguayo haya sido fruto de una negociación política, aunque los rumores señalan que el senador Jorge Oviedo Matto estuvo presente en la reunión realizada sobre el tema en Mburuvicha Róga.
“Absolutamente no. Desconocemos eso. Se pudo haber dado o no, pero nosotros desconocemos”, declaró Cárdenas ante la pregunta de si hubo negociación.
“Lo único que hicimos fue aceptar una cuestión que representa un beneficio para el patrimonio del Estado y para la ciudadanía en general”, declaró.
Agregó que, supuestamente, la aprobación no representa ningún juicio de valor sobre la supuesta corrupción registrada en el gobierno anterior y que ya fue ampliamente denunciada por la prensa.
“Para eso están el juez, el fiscal. Nosotros lo único que hicimos en la Junta Asesora y de Control del Indert fue hacer lo que teníamos que hacer, y para nosotros ya es un capítulo cerrado”, insistió.
La arista llamativa de la reciente medida del Indert es que fue realizada tras el asesoramiento de varios abogados de primer nivel, supuestamente para que no tenga ninguna incidencia en el proceso judicial, según las expresiones dadas públicamente por el mismo Cárdenas. El detallado estudio legal del caso por parte del gobierno actual es gravitante, porque podría llevar a la cárcel a siete personalidades del gobierno anterior y a la escribana Martha Roa.
Cárdenas recordó que los juristas estudiaron tres situaciones: en primer lugar, si la aceptación no daba lugar a ningún perjuicio al patrimonio del Estado paraguayo; segundo, si la aceptación de la “donación” significa un beneficio a los sujetos del Estatuto Agrario que viven en ese lugar y, tercero, si la donación no implica de ninguna manera una incidencia en el proceso judicial
“El estamento correspondiente va a determinar y a juzgar si hubo acto ilícito o no, no es el Indert, es un juez, es la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial quien va a determinar la existencia o no de un perjuicio patrimonial al Estado o de un delito que se haya verificado dentro de ese proceso”, declaró el presidente del ente agrario.
Cárdenas habló del tema tras el acto de firma de un convenio entre el Indert y la Gobernación de Paraguarí para la construcción de sistemas de agua potable en colonias y asentamientos del noveno departamento.
La firma San Agustín SA recibió del Indert G. 47.000 millones en el marco de la controvertida venta de 5.742 hectáreas ubicadas en Cordillera, en el marco de una alianza política entre Unace y PLRA.
Una “generosa” donación
La compra de las 5.742 hectáreas realizada por el Indert de la firma San Agustín debió hacerse conforme a la Ley 622/60 (de colonización y urbanización de hecho), que toma en cuenta el valor fiscal de los últimos 15 años, y según el cual el Poder Ejecutivo debió pagar a esa empresa solo G. 1.000 millones. Esto significa que la administración de Luis Ortigoza, en el gobierno anterior, debió pagar a la firma San Agustín solo un 2% de los G. 47.000 millones que abonó.
A su vez, el precio legal que el Ejecutivo debía efectivizar por esa tierras debía ser solo 8% de los G. 12.000 millones que el Gobierno de Horacio Cartes reconoce como supuesto descuento “a favor del Estado”.