La puesta en marcha del operativo nacional “Taguato Ruvicha”, una iniciativa de la Secretaría del Ambiente (Seam) presagia poco resultado para parar la grosera y galopante destrucción de los pocos remanentes boscosos en nuestro país. El ente tiene –en teoría– el respaldo del Instituto Forestal Nacional (Infona), Ministerio Público y el Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales de la Policía Nacional.
Quedó fehacientemente demostrada que la promulgación de la Ley 4758, que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), es la nueva vaca lechera de los intendentes y gobernadores corruptos del país. No se puede encubrir a administradores deshonestos que adjudicaron a empresas sin solvencia ni para levantar un horcón, como ocurrió en Curuguaty.
La crisis en la Municipalidad de Curuguaty, desatada a inicios de este año, no se detiene. Sus principales protagonistas, los concejales Wilma Ramona Meza (PLRA) y Agustín Pío Ramírez (ANR) se disputan la intendencia dejando desconcertada a la sociedad. La constante incertidumbre de identificar a quien verdaderamente posee el legítimo derecho de sentarse en el sillón al que renunció jefe comunal, Ramón Vega Barreto (PLRA, se convierte en el hazmerreír.
El 2013 fue el año que marcó el desgobierno en la Municipalidad de Curuguaty. A mitad de enero se dio la renuncia del intendente, Ramón Vega Barreto (PLRA), como fiel demostración de la grosera burla hacia los electores que le votaron y apostaron por su juventud, obviándose el caudillaje criollo, para administrar los recursos del municipio. La decisión del exjefe comunal fue para competir por un escaño en la Cámara de Diputados.
Diez días de tensión se vivió en Curuguaty. La intendenta interina, Wilma Ramona Meza (PLRA), fue “destituida” por un grupo de ocho concejales que por resolución, en mayoría, designaron en su reemplazo al concejal Agustín Pío Ramírez (ANR). La mujer reemplaza al exintendente Ramón Vega Barreto (PLRA), quien renunció al cargo para candidatarse a diputado.