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El grupo de la minoría, integrado por los aliados de la jefa comunal interina Wilma Meza, los ediles Julio Colmán (ANR) y Santiago Martínez (Tekojoja), se respalda en el Auto Interlocutorio (AI) Nº 20 del 19 de diciembre de 2012 del Tribunal Electoral del Alto Paraná y Canindeyú. Por otro lado, la mayoría de los concejales (los liberales Eliodoro Ruiz, Miguel Torres, Román Marín, Luis Antonio Giménez; los colorados Mirna Benítez, Francisco Paniagua, Alberto Fernández) basados en el AI 32 del 9 de agosto de 2013 del Tribunal Electoral de Villarrica y Caazapá –que anuló el AI Nº 200– dicen que el edil Ramírez debe sustituir a Meza en el interinazgo de la Intendencia Municipal.
La mujer se resiste a admitir el último fallo y anuncia que recurrirá a instancia superior para precautelar su permanencia en el poder comunal. En menos de tres meses de gestión, Meza ya fue “destituida” dos veces por sus detractores.
Con este argumento, los concejales del “grupo de la mayoría” sostienen que el edil Ramírez es el que fue designado por la Junta para completar el periodo de mandato, que se extiende hasta octubre de 2013. A decir de Ramírez, el empecinamiento de ocupar la Intendencia, pese a los cuestionamientos de sus oponentes, se debe a su interés de demostrar que se puede “administrar sin robar el dinero de la Municipalidad”. La “segunda intención” no develada consiste en asumir el cargo –a menos de 15 días de los comicios municipales establecidos– y forzar mediante “maniobras políticas” la anulación de la convocatoria a elecciones con un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y que los interinos culminen el periodo de gobierno, que culmina en el 2015. De darse un fallo a favor de cinco municipios del país –entre ellos el de Curuguaty– que plantearon la acción de inconstitucionalidad, podría poner fin o empeorar la puja desatada por el poder municipal.
pmedina@abc.com.py