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El ente de control estatal debe primero corregir las desprolijidades cometidas durante administraciones anteriores al momento de expedir una licencia basada en plan de manejo en áreas boscosas en inmuebles con títulos de dudoso origen y, segundo, admitir como principales “enemigos” a los funcionarios de Infona y del Ministerio Público.
Como iniciativa de órganos de aplicación de leyes ambientales, la campaña nacional pareciera ser la solución para parar la galopante destrucción de bosques, preferentemente a manos de empresarios de origen brasileño. Sin embargo, la realidad es otra; los funcionarios del Infona y los agentes de unidades ambientalistas no están ni siquiera convencidos de aplicar los rigores de la ley contra los depredadores que gozan de absoluta impunidad.
Los funcionarios del Infona gozan de privilegios hasta para autorizar a los propietarios, sin mayores papeleos, el “uso racional” de productos forestales en áreas boscosas de menor extensión. A su vez, el Ministerio Público hace la “vista gorda” o simplemente minimiza los daños causados, favoreciendo a los depredadores para evitar eventuales procesos penales.
En lo que va del año, la unidad especializada en delitos ambientales, a cargo del fiscal Benjamín Maricevich, no imputó a nadie por violar las leyes ambientales en “zona baja” del departamento de Canindeyú.
Es hora de aplicar la Ley 716/96 “Que sanciona los delitos contra el medio ambiente”. De lo contrario, el Taguato Ruvicha no pasará de ser un show mediático más y los últimos bosques del país serán eliminados.
pmedina@abc.com.py