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Los recursos provenientes de la Itaipú Binacional por la cesión de energía excedente al Brasil, el Gobierno Nacional optó por invertir en la educación. En papeles, los fondos están repartidos en 60% para la “excelencia de la educación e investigación”, 30% a los gobiernos departamentales y municipales y el 10% para la capitalización de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).
Pero lejos de cumplir con los objetivos establecidos, la administración de la exintendente de Curuguaty Wilma Ramona Meza (PLRA) entregó íntegramente G. 169.214.900 al contratista Carlos Antonio León Martínez para la construcción de cuatro aulas en tres escuelas. El empresario admitió haber percibido la totalidad de lo presupuestado, pero se burló de las comunidades educativas al dejar inconclusos los trabajos.
La conducta irregular de la exjefa comunal que desembolsó la millonaria suma, sin previa fiscalización del avance de los trabajos, debió haber sido bloqueado mucho antes. Sin embargo, tras casi seis meses, los fiscales Luis Piñánez y Néstor Alfredo Cañete decidieron imputar a la exintendenta y el contratista por los delitos de estafa y lesión de confianza.
Si los indiciados de haber dejado abandonadas las obras no son castigados, el caso solo servirá para ratificar que la provisión de recursos establecidos para el ejercicio fiscal 2014 no necesariamente será utilizado para mejorar la educación de cientos de alumnos del país. Al contrario, “habilitarán” a los actuales administradores seguir con el despilfarro del dinero público.
Es más, sin mayores previsiones, el Ministerio de Hacienda (MH) de nuevo premió con más millones del Fonacide a las administraciones municipales y departamentales, que con total desfachatez se reunen para defender a los malos administradores y para exigir más dinero.
pmedina@abc.com.py