Productores frutihortícolas de nuestro país tratan de abrirse paso y abastecer al mercado local enfrentando adversidades como cambios climáticos, variación de precios y la corrupción imperante en organismos del Estado, una de cuyas ramificaciones es el contrabando. Este flagelo provoca irreparables perjuicios al pequeño productor agrícola y atenta contra la salud del consumidor.
El sector agropecuario es, indudablemente, el principal motor de la economía de nuestro país. Aporta el 27,3% del producto interno bruto (PIB) y el 39% si es que se le agrega la agroindustria. Genera además alrededor del 30% de las exportaciones y representa el 40% de la fuerza laboral del país, según datos expuestos en la presentación de la Bolsa de Productos en Paraguay.
La agricultura familiar campesina ayuda al desarrollo y crecimiento de pequeños productores. Su implementación tropieza con dificultades estructurales. Piden políticas públicas para promover el arraigo campesino en el campo.
El hato ganadero bovino viene disminuyendo sustancialmente por el aumento de la capacidad de faena de los frigoríficos locales y la cada vez mayor demanda de carne paraguaya desde el exterior. Referentes de la producción y la industria cárnica abogan por planes y políticas de retención de vientre para mejorar la taza de procreo, pues Paraguay tiene el nivel más bajo entre países de la región.
La Asociación Rural del Paraguay (ARP) ha decidido emprender una cruzada por la seguridad de todos los paraguayos, no solamente de ganaderos, sino de toda la ciudadanía que vive con temor y zozobra ante persecuciones, muertes, asesinatos, emboscadas y atropellos de grupos criminales como el EPP, motochorros y asaltantes, dijeron ayer sus directivos en entrevista con nuestro diario. Piden a las autoridades ocuparse en serio de estas amenazas.
Desde hace 87 días, alrededor de veinte compatriotas se encuentran crucificados frente al local del Ministerio de Justicia y Seguridad Social, cuatro de ellos tienen cerrada la boca con clavos y 15 están en huelga de hambre desde hace tres semanas.
A fines de mayo pasado el Ministerio de Justicia puso en vigencia el denominado “Procotolo de acceso de medios de comunicación a establecimientos penitenciarios”. La norma establece una serie de requisitos que el periodista o cualquier medio de comunicación debe cumplir para entrevistar a personas privadas de su libertad o realizar informes de la situación de establecimientos penitenciarios del país.
Los diferentes talleres que se disponen en los reclusorios de menores generan espacios para que los adolescentes infractores potencien sus habilidades en algún oficio, que representará más adelante una oportunidad no solo en lo laboral, sino también para alejarlos de su principal enemigo: la droga. Así, la madera y la soja se convirtieron en las materias primas de las oportunidades de al menos unos 20 jóvenes de los 133 que aprovechan los talleres en el Centro Educativo Integral (CEI).
En vista de la elección del nuevo defensor del Pueblo, es bueno recordar que el artículo 276 de la Constitución Nacional lo define como un comisionado parlamentario y que sus funciones son la defensa de los derechos humanos, la canalización de reclamos populares y la protección de los intereses comunitarios.