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El mandato del actual defensor del Pueblo feneció hace más de seis años; ocupa el cargo desde octubre del 2001. El artículo 277 dice que durará cinco años en sus funciones coincidentes con el periodo del Congreso y puede ser reelecto.
La irregular situación del actual defensor se debe en gran medida a la incapacidad, mezquindad y desidia de ambas cámaras del Parlamento. En el anterior periodo el Senado confeccionó dos ternas, para defensor y defensor adjunto, las remitió a Diputados y esa instancia nunca eligió a los nuevos defensores. Varios integrantes de las ternas habían renunciado por diversos motivos. Ahora el Senado inicia un nuevo proceso de llamado a concurso.
Se espera que se cumplan los plazos y en breve se tengan nuevos defensores comprometidos a cumplir cabalmente la misión que les asigna la Constitución Nacional.
El actual defensor del Pueblo, Manuel María Páez Monges, ocupa el cargo desde hace 14 años. La mayor parte de ese tiempo la dedicó a gestionar el pago de indemnización a víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
Durante esos años no se conoció que se haya dedicado a canalizar reclamos populares y la protección de intereses comunitarios. Ha estado ausente en difíciles situaciones de violación de derechos humanos y atropellos que sufren a diario importantes sectores de la población del país.
En su mandato ocurrió, por ejemplo, la masacre de Curuguaty, donde se han cometido vergonzosos atropellos y violaciones procesales por parte de agentes policiales y ni qué decir fiscales, cuyas conductas investigativas dejaron mucho que desear y que más bien parecían novatos instrumentalizados como parte de algún plan tenebroso.
Tampoco se pronunció sobre atropellos, represiones y hasta asesinatos que han sufrido campesinos e indígenas, así como trabajadores del sector privado y público víctimas cotidianas de sus respectivas patronales.
No se ocupó en defender bienes públicos naturales, como el reciente caso de la pretensión gubernamental de explotación dentro de la reserva natural de Cerro León, ni de impedir la fumigación y contaminación de territorios, ríos y arroyos que provocan el avance inmisericorde del agronegocio que expulsa al campesino hacia las ciudades, provocando, a su vez, el ensanchamiento de cinturones de pobreza y por ende una creciente inseguridad.
En fin, sería largo enumerar. En este periodo se postulan al cargo destacadas personas con prestigio moral, intelectual y cívico. Es de esperar que la elección se realice con exclusivo criterio de idoneidad y no esté contaminada de intereses políticos partidarios que tanto daño hacen a la democracia.
epaciello@abc.com.py