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Forman parte de un grupo de 51 trabajadores de la Línea 49, propiedad del diputado por el PLRA Celso Maldonado, despedidos luego de formar un sindicato que exigían a la citada empresa el cumplimiento de la jornada laboral de 8 horas, salario mensualizado, vacaciones pagas y seguro social, entre otras reivindicaciones establecidas en la ley.
Reclaman que el Ministerio de Justicia y Seguridad Social reconozca al sindicato e interceda, como es su deber y obligación, ante la empresa en cuestión para que los despedidos sean readmitidos y que exija el cumplimiento de las normas legales infringidas por la citada empresa.
Ante la falta de respuesta a los legítimos reclamos se vieron forzados a recurrir a medidas extremas como la de crucificarse, clavarse la boca y renunciar al consumo de alimentos. Detrás de cada una de estas personas se encuentra una familia expectante al desenlace del conflicto y con alguna esperanza de lograr mejores condiciones de vida.
El viernes último, los obispos Mario Melanio Medina y Juan Bautista Gavilán, junto con los sacerdotes Francisco De Paula Oliva, Mario Ozorio, Blas Arévalos e Ignacio Espínola, llegaron hasta los crucificados que están bajo la carpa instalada en la vereda del local del ministerio para expresarles su aliento, que no decaigan, y rezaron con ellos. En un momento del mensaje, Mons. Gavilán les dijo en guaraní: “Este es el rostro de nuestro país, que necesita y se arrastra, necesitan del trabajo para mantenerse vivos y dignos”.
La situación de estos compatriotas es lamentable y es una vergüenza para este gobierno que se instaló hace más de dos años con el eslogan de marcar un nuevo rumbo para el país y sus ciudadanos. Es la muestra más clara de que le interesa poco o nada la suerte de personas que reclaman por sus derechos establecidos en la Constitución y en las leyes.
Ante el prolongado conflicto surgen varios interrogantes. ¿Por qué las autoridades pertinentes no resuelven este lastimero conflicto y terminan de una buena vez con el largo calvario y sufrimiento de estos prójimos? ¿Será que no se animan a hacerlo, o será que la influencia del diputado Maldonado puede tener mayor preeminencia sobre las garantías que establecen la Constitución y las leyes en materia de derecho a la sindicalización?
No es posible que por intereses de una persona que tiene cierto poder político tengan que robar el sueño de una vida digna a una persona y su familia. No puede ser que por la investidura que tiene se crea con derecho a torcer la justicia hacia sus intereses, justamente un legislador, que se supone debe ser el primero en el cumplimiento de la ley y el respeto a las garantías constitucionales.
Es de esperar que esta “primavera democrática” que se está dando en el sector estudiantil también llegue a estos compatriotas, y los responsables de la situación resuelvan el conflicto anteponiendo los dictados de la ley y el derecho de los trabajadores a una vida digna como se merece toda persona, y no el capricho y la prepotencia del diputado Maldonado.
epaciello@abc.com.py