El Consejo Episcopal Permanente de la La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), emitió una carta abierta a los Poderes del Estado y el Ministerio Público, a modo de expresar su preocupación ante los desalojos forzosos y las amenazas de expulsión de comunidades indígenas y campesinas en diversas zonas del país.
Una cumbre de los Poderes del Estado buscará ratificar la postura del Gobierno ante la demanda contra Paraguay entablada por la empresa italiana SACE en Estados Unidos, en reclamo del pago de 80 millones de dólares, deuda contraída por el expersonero de la dictadura Gustavo Gramont Berres. Otro tema de análisis será el “reordenamiento de la normativa” para nuestro país.
La invitación para la ceremonia del lanzamiento del “proyecto de reordenamiento y consolidación normativa para el Paraguay” sirve de sorpresiva motivación para que el Poder Ejecutivo impulse la primera cumbre de poderes de la gestión de Horacio Cartes. La invitación, in fine, incluye además una invitación exclusiva para los tres presidentes de Poderes a reunirse solos, en un “aparte”, a fin de tratar “asuntos de interés nacional”.
El diputado liberal Jorge Ávalos Mariño consideró que los pedidos de informes de legisladores al Ministerio Público sobre investigaciones abiertas afecta la independencia de los Poderes. Expresó su acuerdo con la decisión de la Corte de suspender esa posibilidad en la ley.
La finalidad esencial de la Constitución es limitar la concentración del poder en manos de un único detentador mediante la distribución de las diferentes funciones estatales entre varios detentadores del poder. Dado que estos diversos órganos estatales se distribuyen el ejercicio del poder, se ven constitucionalmente obligados a cooperar en la formación de la voluntad estatal. Si está distribuido y ejercido conjuntamente, el poder estatal está, al mismo tiempo, limitado y controlado.