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La Procuraduría General de la República informó ayer en un informe de prensa que participarán de la Cumbre de Poderes el presidente de la República, Horacio Cartes; el titular de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes; el presidente del Congreso, Mario Abdo Benítez y el titular de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez.
Estarán, asimismo, el procurador general de la República, Roberto Moreno; el canciller nacional Eladio Loizaga, entre otros.
La reunión será este lunes 7 de setiembre, a las 09:00, en el Palacio de Gobierno.
El Poder Ejecutivo ultima detalles para hacer frente en Estados Unidos de América (EE.UU.) la demanda de 80 millones de dólares planteada por la empresa italiana Sezione Speciale per L’Assicurazione del Credito All’Esportazione (SACE) por el caso Gramont Berres, expersonero de la dictadura stronista.
A inicios del mes pasado el Gobierno fue notificado de que la aseguradora presentó en la Corte distrital de Columbia, en Washington DC, la referida demanda contra nuestro país por unos 80 millones de dólares para el reconocimiento y la ejecución de dos fallos de la justicia suiza contra el Paraguay en el caso Gramont Berres.
La Procuraduría recordó que los tres Poderes del Estado han sentado, desde hace años, la postura de rechazar y desconocer la deuda espuria emanada de la estafa de Gramont Berres.
Hace dos semanas, el director jurídico de la Presidencia, Sergio Godoy, y el procurador Roberto Moreno viajaron a los EE.UU. para interiorizarse del caso y explorar la contratación de un estudio jurídico que represente al país.
La SACE, que emitió la póliza de seguro del préstamo otorgado en 1986 por el banco Overland Trust de Ginebra (Suiza) a Gramont Berres, pide la ejecución de los fallos de la justicia suiza luego de haber negociado y pagado 24.900.000 euros a los 10 bancos suizos que en principio habían demandado al Paraguay por el crédito.
Normativa
El otro tema de la Cumbre de Poderes será el reordenamiento y consolidación normativa para el Paraguay, en el marco del convenio suscrito entre la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República y el Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política.