El diputado Basilio “Bachi” Núñez cuestionó esta mañana que las organizaciones no gubernamentales presenten proyectos de leyes polémicas y, además, que sirvan “de atajo” para licitaciones que esconden negociados de intendentes o gobernadores. También adelantó su rechazo al anteproyecto de ley para suspender desalojos mientras dure la pandemia.
Unos G. 10.579 millones es lo que destinó el Estado paraguayo en hacer estudios de "consultorías, asesorías, investigaciones, estudios y proyectos de inversión" en 2015. Entre los más adjudicados aparece un funcionario público.
Con el robo de documentos originales, lo que se buscaría es borrar las evidencias que confirmarían los grandes negociados en el Instituto de Previsión Social, mediante la compra por vía directa de medicamentos y otros bienes para el ente previsional. Sugestivamente, los papeles fueron hurtados cuando se dispuso la auditoría con relación a la adquisición por montos millonarios de fármacos, que vencieron en los depósitos del IPS o que tuvieron algún otro problema. Los investigadores presumen que la mafia de los medicamentos estaría detrás. La investigación penal está a cargo de la fiscala Stella Cano, quien solicitó una serie de diligencias.
Se está volviendo a repetir la historia en la Municipalidad encarnacena con la adjudicación directa de espacios públicos para la realización de negocios privados. El intendente, Joel Maidana (ANR), acordó con la empresa Puerta del Sur SA –concebida y conformada para el efecto, representada por Ezequiel García Rubín y Juan Andrés Szopa– la venta de espacios publicitarios en las tres playas de la ciudad: Pacú Cua, San José y Mboica’ê, por nada menos que cinco años y por un monto irrisorio pagadero por año en dos partes.
El MEC anunció la cancelación de la señal del canal Arandu Rape en el que durante los últimos años fue adjudicada la empresa Alicante SA, para la provisión de contenido educativo para un año de programación. En la práctica proveía el equivalente a unos 8 días por año. En suma, a la cartera le costaba G. 3.450 millones al año mantener el canal que ni siquiera le pertenece.
Algunos funcionarios de Petropar solicitaron una auditoría internacional independiente para esclarecer los numerosos hechos de corrupción imperantes en la petrolera estatal, según destacaron antes del acto de la toma de posesión del cargo del nuevo titular del ente, Raúl Duarte. Cuando intentaron realizar sus reclamos ante la prensa, el ministro Gustavo Leite pidió a los periodistas el retiro del lugar.