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Documentos originales que respaldan millonarios pagos a proveedores, rendiciones de gastos de fondos rotatorios, de gastos de caja chica, pagos a policías y otros, desde el 2006 al 2012, fueron robados de la Sección Rendición de Cuentas y Archivo de Contabilidad del Instituto de Previsión Social. Los papeles se sacaron en camiones, según fotografías arrimadas al Ministerio Público por algunos funcionarios.
La investigación penal está a cargo de la fiscala Stella Mary Cano, ante quien ya declararon varios funcionarios del IPS, entre ellos el titular de la previsional, Benigno López.
La fiscalía hasta ahora lo que pudo confirmar es que el hecho se registró el 17 de setiembre de 2014.
El robo se descubrió cuando dos funcionarios, que investigaban irregularidades en la compra por la vía de la excepción del medicamento Oseltamivir 75 mg, se constituyeron a la Sección Rendición de Cuentas y Archivo de Contabilidad. Los mismos se percataron de que la puerta de dicha dependencia fue violentada y que tampoco se encontraban los documentos buscados.
De acuerdo a las averiguaciones, se vaciaron las oficinas 44 y 47 y parcialmente la 46. Otras oficinas también fueron violentadas, pero los ladrones no se llevaron nada.
De la oficina 44 hurtaron expedientes de pago a proveedores, con todos los documentos de respaldo originales de los ejercicios 2009 y 2010; rendiciones de cuentas de gastos de fondo rotatorio de los años 2011 y 2012. De la oficina 46, rendiciones de gastos de caja chica, con toda la documentación de respaldo de originales de los ejercicios 2006 al 2012 y rendiciones de pago al personal policial del 2006 al 2012.
Uno de los testigos arrimó fotografías de los camiones en los cuales se cargaron en bolsas de hule los documentos de la previsional.
Según fuentes cercanas a la investigación, la mafia de los proveedores que opera dentro del IPS, y que con la apertura de sumarios se podría ver comprometida si no desaparecían los originales, estaría detrás del robo.
El hurto de los documentos originales habilitaría a proveedores, policías y asegurados, que ya cobraron al instituto en diferentes conceptos, volver a hacer su reclamo. El IPS no tendría cómo respaldar los pagos efectuados.
Testigos
Los testigos, cuyos nombres se mantienen en reserva, se presentaron el 19 de marzo pasado ante la fiscala Cano para brindar su versión.
Uno de ellos explicó que después del negociado detectado con relación al medicamento Deferasirox, que afectó a Casa Boller, que tuvo que devolver G. 10.000 millones al IPS, las autoridades del instituto ordenaron una auditoría a otras compras.
Una de las primeras auditorías fue con respecto a la compra por la vía de la excepción del fármaco Oseltamivir. En este caso el departamento de auditoría solicitó a la Dirección Financiera copias de las documentaciones que avalan el pago por dicho medicamento, que fue adquirido en el marco de la adquisición por vía de la excepción el 2 de junio de 2009 y otra en fecha 21 de julio del mismo año y que se adjudicó a la firma La Química Farmacéutica.
“Específicamente con respecto al Oseltamivir el departamento de Auditoría Financiera emitió un encargo de trabajo para la realización de una auditoría”, apuntó el testigo ante la fiscalía.
Con una serie de diligencias, continúa la investigación que está a cargo de la fiscala Cano, quien busca individualizar a los responsable del hecho punible.
Con el robo, lo que se buscó es borrar las evidencias de los grandes negociados mediante la compra directa de medicamentos y otros bienes para el ente previsional, según indicaron fuentes cercanas a las averiguaciones penales.
MÁS AUDITORÍAS POR COMPRA DE FÁRMACOS
La directora del departamento de Auditoría Interna del Instituto de Previsión Social, Alma Alvarenga, explicó a nuestro diario que además de la auditoría con respecto a la compra directa del medicamento Oseltamivir, existen otras cuatro adquisiciones de fármacos que se indagan.
La funcionaria apuntó que las conclusiones de esta auditoría estarían aproximadamente a fines de abril. Dijo que el trabajo avanza en forma lenta, debido a que se necesitan personas especializadas para el trabajo. En el caso de los medicamentos, los auditores tiene que ser médicos o químicos, manifestó la directora de Auditoría.
“Estamos trabajando, hacemos todo lo que está a nuestro alcance. Vamos a entregar el resultado de las auditorías a las autoridades del instituto”, apuntó Alvarenga, quien aseguró que los profesionales que realizan el trabajo son gente de reconocida trayectoria y prestigio.
Al ser consultada cuáles son las compras auditadas, los nombres de los medicamentos y las empresas involucradas, respondió que esos datos no se pueden proveer hasta que concluya la auditoría. “Espero que entiendas, no es que con esto se quiera proteger a personas o empresas, sino es sencillamente respetar el procedimiento establecido”, afirmó.
Se espera imputación
La fiscala Victoria Acuña tiene a su cargo la investigación penal de la posible comisión de hechos punibles en varias licitaciones del IPS, que denunciaron Luis Genaro Azucas y Sergio Lovera Cañete, sindicalistas de la previsional.
La agente del Ministerio Público tenía que corroborar una supuesta sobrefacturación en la licitación pública N° 611 para la contratación del servicio de seguridad privada para el IPS, el cual fue adjudicado a la firma Doram SACI por G. 31.275.263.214.
De igual manera, debió investigar a profundidad la licitación pública N° 28/11 para la adquisición de vehículos para los servicios de salud del IPS, adjudicado a la firma Rieder SACI, por más de G. 30.000.000.000.
También la licitación pública N° 44/12 para la contratación del servicio de limpieza e higienización del IPS, la cual fue adjudicada al consorcio Cevima por G. 26.623.661.076.
Otra denuncia es la relacionada con la licitación pública N° 52/12 para la adquisición de asientos tipo tándem para salas de espera del IPS, adjudicada por Resolución N° 63/003/12 del 7 de agosto de 2012 a la empresa que supuestamente realizó la oferta más cara.
También está en la mira la licitación N° 06/12 para la adquisición de equipos visuales y audiovisuales para el IPS, la cual fue adjudicada a la firma Parasoft SRL, por Resolución N° 054/007/12, por el monto de G. 679.297.793. En este caso la auditoría corroboró que se digitó la licitación. Es por ello que se abrió un sumario para individualizar a los funcionarios implicados en la posible comisión de delito.
Acuña había solicitado la desestimación de la denuncia contra el extitular del IPS Fernando Silva Facetti. Incluso ratificó su pedido el 21 de agosto de 2013. Sin embargo, el juez penal de garantías Alcides Corbeta le imprimió trámite de oposición y la fiscala adjunta Soledad Machuca rectificó la posición de su inferior y le ordenó la realización de más diligencias antes de solicitar su nuevo requerimiento. Acuña ahora impulsó diligencias y solicitó varios informes.
Ahora se espera que la agente del Ministerio Público presente imputación contra los implicados en los presuntos negociados, que se habrían registrado durante la gestión del actual senador liberal Fernando Silva Facetti al frente del Instituto de Previsión Social.
Contraloría pidió sumario
En una nota remitida al entonces titular del IPS, Hugo Royg Aranda, el 4 de abril del año pasado, el contralor general Rubén Velázquez Gadea solicitó la apertura de un sumario para deslindar la responsabilidad de los funcionarios que intervinieron en la licitación número 91/12 para la “Adquisición de Ambulancias para el IPS” y que fue adjudicada por resolución Nº 094-008 del 20 de noviembre de 2013 a la firma Rieder & Cía. por un total de G. 10.467.000.000.
La Contraloría concluyó que hubo una sobrefacturación de G. 4.197.000.000. El órgano contralor detalló que las ambulancias fueron adquiridas a G. 348.900.000 cada una.
Una simple comparación de precio en el mercado permitió a la Contraloría concluir que se infló el costo de las ambulancias, atendiendo que unas similares fueron vendidas a la Gobernación de Boquerón a G. 209 millones cada una en el 2011. Sin embargo, un año después, el IPS adquirió a G. 348.900.000 cada vehículo, lo que arroja una diferencia de G. 139.900.000 en cada una de las 30 ambulancias, destaca la Contraloría en el escrito que remitió al actual titular de la previsional.
1) Se evidenció que la oferta adjudicada a la firma Rieder y Cía. por G. 348.900.000 cada ambulancia supera en un 25 por ciento el precio referencial establecido por la entidad que fue de G. 280.000.000.
2) A modo de referencia se examinaron otras licitaciones adjudicadas a la misma firma en otras instituciones públicas, donde se adquirieron ambulancias convencionales de la marca Renault, de similares características y algunas diferencias entre las mismas, constatándose cuanto sigue:
a) En la licitación por concurso de ofertas número 12/11 “Adquisición de Vehículos para la Gobernación de Boquerón”, el precio unitario fue de G. 209.000.000 y se adjudicó a la firma Rieder.
b) Se evidenció igualmente que la citada empresa fue adjudicada por otras instituciones del Estado, cuyos modelos de ambulancias se aproximan al precio ofertado a la entidad. Sin embargo, se evidenciaron similitudes entre las especificaciones técnicas de dos ambulancias.
c) En efecto, tras la comparación de los precios de los vehículos surge una diferencia de G. 139.900.000 por cada ambulancia ofertada por Rieder al IPS y a la Gobernación de Boquerón, en menos de un año (2011). Sí se observan algunas diferencias en las especificaciones técnicas entre ambas, lo que determina finalmente a la presente adquisición como más cara y sustancial.
d) No obstante, la diferencia antes citada entre ambas ambulancias, multiplicada por el total de 30 ambulancias adquiridas por el IPS, se tiene una diferencia de G. 4.197.000.000.
3) Por tanto, se recomienda a esta administración, estudiar la posibilidad de iniciar un sumario administrativo a los funcionarios del ente que participaron en la evaluación y adjudicación de las ofertas...
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