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Del 2010 al 2012 el Ministerio de Educación firmó contrato por G. 1.000 millones en cada oportunidad con la empresa multimedios Alicante SA, para la provisión de un servicio de consultoría para la producción de programas televisivos con enfoque de educación y cultura.
Todas las adjudicaciones se hicieron por vía de la excepción y en todos estos procesos la empresa en cuestión se presentó como único oferente. Como responsable de Alicante SA figura César Casaccia.
Tras una investigación de Contrataciones Públicas se demostró que la empresa, habiendo sido contratada para la provisión de contenido por un año de programación, lo hacía solo por 180 horas, lo que equivale a ocho días de programación.
La investigación fue motivada por la denuncia formulada por la Organización de Profesionales del Audiovisual Paraguayo (OPRAP).
A esta organización le llamó la atención que en todas las adjudicaciones el modus operandi haya sido el mismo y que los llamados se hicieran siempre por el total del contenido a emitirse. Al no hacerlo por ítems se dejaba fuera de competencia al resto.
En medio de este escándalo también saltó a la luz que el Ministerio de Educación, del cual depende Arandu Rape, venía transfiriendo anualmente la suma de G. 2.450 millones a la ong Fundación de Desarrollo Integral (Fundei) para que provea de contenido a programas educativos. Como titular de la organización aparece la abogada Teresita de Jesús Torres.
María Cristina Sanabria, actual directora de Comunicaciones del Ministerio, explicó que tienen indicios de que la ONG volvía a contratar con Alicante SA para la provisión. En suma, al MEC le costaba G. 3.450 millones al año mantener el canal que ni siquiera le pertenece, pues se trata del alquiler de una señal de cable.
Responsabilidad
Los contratos con Alicante SA llevan la firma del exviceministro de Culto y exdirector de Comunicación Educativa y Cultura, Hugo Brítez. Los contratos se adjudicaron durante las gestiones de los exministros Luis A. Riart y Víctor Ríos.