La Municipalidad de Asunción está de hecho en quiebra, pero su impresentable intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), quiere seguir contrayendo deudas para ir saldando las actuales y pagar los sueldos del cuantioso personal, como si el habitual “bicicleteo” pudiera prolongarse por tiempo indefinido. Tras los bonos emitidos para construir obras y desviados para financiar gastos corrientes contra la Ley Orgánica Municipal (LOM), según la CGR, el hoy investigado por presunta lesión de confianza pretende que la Junta Municipal apruebe un préstamo bancario de 299.000 millones de guaraníes para abonar salarios y otros gastos corrientes, mediante un “financiamiento temporal de caja”.
Un concejal de Mariano Roque Alonso, Andrés Caballero (Independiente), dijo no estar de acuerdo con la autoasignación de aumento de remuneración de los ediles y que en su opinión “es acorde a la ley”. Manifestó que se establece dependiendo de la ejecución presupuestaria del ejercicio anterior, con lo que demuestra desconocimiento de la Ley Orgánica Municipal.
La Fiscalía General dictaminó por el rechazo de la acción de inconstitucionalidad que planteó la firma Telecel SA contra resoluciones municipales que ordenan el retiro, demolición e inutilización de torres y antenas de comunicación. La Fiscalía alega que existen normas administrativas que se deben cumplir y que los municipios están facultados para realizar estos actos.
La Opaci pisotea la Ley Orgánica Municipal 3966/2010 al recibir los impuestos a las transferencias de inmuebles y operaciones de hipotecas. Los fondos son genuinos de las comunas. Están protegidos y por ningún motivo pueden ser retenidos, dice la legislación. Sin embargo, la ONG recauda con un simple acuerdo y atenta contra el patrimonio de las municipalidades.
Teniendo en cuenta las elecciones municipales que se realizarán en noviembre en nuestro país en más de 200 municipios, es importante saber que existe un documento que rige todos los municipios de la república, nos referimos a la ley n.° 3966/10, Orgánica Municipal.
La jueza penal de sentencia Rosarito Montanía no hizo lugar a la medida de urgencia que solicitó la abogada Rosa Martínez de Vacchetta, en el amparo constitucional al que recurrió junto a unos 2.000 ciudadanos para evitar que la Dinatran sancione a los conductores que no realizan la inspección técnica vehicular (ITV), y se garantice la libre circulación de rodados.