BUENOS AIRES (AFP). Un empresario admitió haber pagado “aportes para las campañas” electorales durante gobiernos kirchneristas en Argentina (2003-15) y pidió testimoniar ante la justicia como arrepentido, en el marco de la causa por supuestos sobornos para la obra pública durante ese período, que sacudió a la política del país esta semana.
El diseñador del “superviaducto” amplió la denuncia por asociación criminal que hizo contra el ministro de Obras y el comité que adjudicó este proyecto a Isolux, pidiendo que se incluya en la investigación al exrepresentante de esta empresa, Juan Carlos de Goycoechea y también a representantes de Deloitte.
Jordi Pujol Ferrusola, el empresario que supuestamente pidió coimas a la empresa Isolux, que construyó el “superviaducto”, fue puesto en libertad bajo fianza este viernes en Madrid, tras haberse comprometido a pagar 3 millones de euros.
La empresa Isolux, contratista del “superviaducto” y una de las interesadas en instalar el “tren de cercanías” con Fepasa, está en problemas en España, y según informes de la agencia EFE, optará por un concurso de acreedores.
A Juan Carlos de Goycoechea, exdirector de Isolux América Latina, y quien suscribió el contrato del superviaducto en Paraguay en representación de la empresa, en Chile le atribuyen la redacción de un “tratado del lobby” en referencia a los correos electrónicos que enviaba a Luis Delso, expresidente de la multinacional, y en los que le explicaba las negociaciones que hacía con autoridades públicas para recibir adjudicaciones y luego librarse de pagar multas cuando Isolux se atrasaba en las obras.
En un intento por desmarcarse de los informes surgidos en el marco de una investigación penal en España, que tuvo eco en nuestro país, el ministro Ramón Jiménez Gaona intimó, escribano mediante, a Ernesto Dos Santos y también a Isolux, firma que presuntamente pagó una “comisión” a Jordi Pujol Ferrusola para conseguir la adjudicación de la obra del superviaducto.