El abogado Federico Campos López Moreira, representante de la familia del joven Mauricio Alejandro Benítez, quien fue asesinado por guardias de la empresa de seguridad privada Protek, denunció por mal desempeño de funciones y presunto tráfico de influencias a la fiscala Claudia Penayo.
El juez de garantías Rubén Riquelme hizo lugar al cambio de calificación solicitado por la fiscala Claudia Penayo para dos directivos de la empresa de seguridad Protek y les otorgó medidas. La querella habla de maniobra.
El abogado querellante Federico Campos López Moreira solicitó al juez penal de garantías Rubén Riquelme que acelere los trámites para que fije fecha de audiencia de imposición de medidas para los directivos de la empresa de seguridad Protek, Luis Fernando Fretes y José Joaquín Castillo, procesados por violación a la ley de armas, en el caso que tuvo su origen en un homicidio atribuido a guardias de esta firma.
El tribunal de Apelación primera sala, integrado por los magistrados Gustavo Santander, Pedro Mayor Martínez y Bibiana Benítez, confirmó la resolución de la jueza penal de garantías Rosarito Montanía, quien el 6 setiembre pasado admitió la imputación contra los directivos de la firma de seguridad privada Protek, José Joaquín Castillo y Luis Fernando Fretes, por violación a la ley de armas.
La Cámara de Apelación primera sala resolvió que el juez Rubén Riquelme entenderá el caso Protek, en el cual se investiga la muerte de un joven a manos de dos guardias de seguridad privada de dicha empresa.